“Don Patricio: Falta que nos envié la utilización de la totalidad del los audífonos y glucómetros de compras de 2021 y 2022 a Achifarp. Esa información solo era hasta agosto del 2023. Necesitamos saber qué pasó con la totalidad de los productos adquiridos en las compras investigadas. Le pido pueda revisar e informarnos a la brevedad, en especial los registros de la Bodega Municipal”.
El correo electrónico enviado por la fiscal Giovanna Herrera, el 16 de enero de este año, a Patricio González, director de Control de la Municipalidad de Recoleta, resume de buena manera el perfil de la abogada. El dato objetivo que revela es que la investigación en que pide formalizar por cohecho a Daniel Jadue (PC) se preparó hasta el final, y que no se quiso dejar nada al azar, ni siquiera el registro de la bodega de la municipalidad. Herrera se demoró, pero fue por todo.
Giovanna Elisa Herrera Andreucci (53) nació en Santiago, el 11 de junio de 1970. Hija de Hugo Antonio Herrera y Giovanna Elisa Andreucci, quienes fueron fundamentales en su formación. Su madre, hija de inmigrantes italianos, y su padre, un reconocido delantero de Santiago Wanders en la década de los 70, con pasos por Trasandino y Palestino.
Es hermana del exdirector del Sename Hugo Herrera y de la mítica actriz de la noventera teleserie “Adrenalina” Alejandra Herrera. En su entorno, aseguran, es la de más bajo perfil del clan.
Giovanna Herrera se tituló en 1995 de abogada de la Universidad de Chile para luego iniciar su especialización: un magíster de Gestión Pública en la Universidad Complutense y otro en Derechos Fundamentales en la Universidad Carlos III de Madrid.
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En 2004 llegó a la Fiscalía Centro Norte como fiscal adjunto, donde comenzó un camino marcado por la investigación de delitos económicos e informáticos, llevando adelante causas relacionadas a fraudes informáticos de bancos, falsificación de instrumentos públicos, estafas y delitos funcionarios en contexto de apremios ilegítimos.
En 2015, por ejemplo, comenzó la investigación que buscaba dilucidar la manipulación de datos al IPC, tras una denuncia del INE. Ese mismo año, además, logró la condena a tres años y un día de cárcel para Cristián Silva Rojas, acusado por la Fiscalía como autor del delito de uso malicioso de instrumento mercantil, ilícito que cometió al cobrar un cheque robado y falsificado.
En el plano personal, Herrera es la esposa del fiscal de la Unidad de Investigación de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), Andrés Montes, hijo del ministro Carlos Montes (PS). La investigadora es catalogada por su pares como reservada, que no da entrevistas, meticulosa y preparada.
Fue en 2021 que la fiscal Herrera abrió una investigación por cohecho, estafa, fraude al Fisco y administración desleal en el marco de una serie de convenios entre la empresa Best Quality SPA -proveedores de insumos médicos- y el representante de la Asociación Chilena de Municipalidades con Farmacias Populares (Achifarp), el alcalde PC Daniel Jadue.
La causa tiene su origen en una serie de querellas entre los proveedores; sin embargo, a mediados de ese año el caso dio un giro. La fiscal Herrera obtuvo una declaración clave que terminaría sellando la suerte del comunista: César Ramírez, uno de los trabajadores de Best Quality SPA, declaró que ellos habían accedido a pagar un soborno a Achifarp, ya que el propio Jadue les habría pedido un “bono” adicional de insumos -que tuvo como destino el comunal Recoleta del Partido Comunista- a cambio de asegurarlos como “proveedores estrella” de Farmacias Populares.
La fiscal Herrera comenzó así un trabajo, primero con la PDI. Solicitó informes y una serie de diligencias para tirar de esta hebra, como también sobre la existencia del delito concursal de administración desleal. Esto último porque Jadue, a juicio de los investigadores, “no gestionó los bienes de manera fidedigna y verídica, a consecuencia de los actos señalados generaron un perjuicio que afectó al patrimonio de la Asociación Chilena de Farmacias Populares, impulsando a una liquidación forzosa”.
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