Este martes, el Juzgado de Garantía de Valparaíso acogió la denuncia por cohecho en contra del ministro Secretario General de la Presidencia (Segpres), Álvaro Elizalde, y el vicepresidente de la Cámara de Diputados, Gaspar Rivas (ind.-exPDG). Esto, por el rol que la autoridad asumió en la definición de la nueva mesa de la corporación.
Tras recibir la orden, la Fiscalía Regional de Valparaíso inició esta mañana la investigación por el delito en cuestión.
La acción judicial fue presentada por el abogado Raimundo Palamara, militante del Partido Republicano que compitió sin éxito para ser parte del Consejo Constituyente en 2023. El motivo es la supuesta intervención de Elizalde en la definición de las negociaciones de la testera, luego de que Rivas dijera que el ministro le ofreció la primera vicepresidencia al Partido de la Gente.
De todas formas, el diputado luego se desdijo. “En ningún caso ha habido un ofrecimiento de parte del ministro Elizalde, ya que no se puede crear, inventar u ofrecer lo que ya está contenido en un acuerdo”, aseguró en un video publicado a través de su cuenta de X.
Pese a la aclaración de Rivas, la oposición inmediatamente salió a criticar lo que consideró una intromisión del Ejecutivo a la autonomía del Poder Legislativo. El PSC y el Partido Republicano fueron más allá y anunciaron la presentación de una censura, que finalmente ayer fue rechazada.
En ese momento, además, surgió la denuncia por cohecho presentada por el abogado republicano.
“Absurdo jurídico”
La semana pasada, el titular de la Segpres calificó de “absurdo jurídico” la acción presentada en su contra. “Toda persona que tenga nociones básicas de derecho y que sepa algo de política, sabe muy bien que lo que aconteció en la Cámara de Diputados fue una negociación entre parlamentarios”, dijo en primera instancia.
Más tarde, volvió a referirse tras la reunión protocolar que la nueva mesa, con Rivas presente, sostuvo con el Presidente Gabriel Boric.
“Sobre esa materia es necesario señalar con toda claridad que estamos en presencia de un absurdo jurídico. Lo que aconteció en la Cámara de Diputados fue un diálogo y una negociación entre parlamentarios para la conformación de la mesa y el rol del gobierno ha sido simplemente alentar la generación de acuerdos, la unidad del oficialismo y el cumplimiento de la palabra empeñada. Finalmente, esto forma parte del diálogo democrático que se realiza permanentemente entre las distintas instituciones y esta no fue la diferencia. Por tanto, desde el punto de vista del sentido de esta denuncia, estamos en presencia de un absurdo jurídico”, cerró.
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