La crisis de los incendios en el sur del país estuvo a punto de dejar al gobierno de Gabriel Boric en las cuerdas. Al miedo del Chile urbano, que teme salir de su casa por la posibilidad de recibir un balazo o sufrir un violento asalto, se ha venido a sumar el miedo del Chile rural de ver ardiendo su vivienda, cuando no, en los casos más extremos, morir entre las llamas como ha ocurrido con 24 personas hasta ahora.

El elemento común es la impotencia de la gente al comprobar que no tiene quién lo proteja para no caer en situaciones tan dramáticas y que los llamados a hacerlo por definición, desde el Estado, fallan lamentablemente en esa tarea. Constatan los chilenos que las policías bajo las órdenes del ministerio del Interior y Seguridad Pública no tienen capacidades o atribuciones suficientes para enfrentar a los criminales; que las estructuras de gobierno regional y municipal y los organismos de emergencia (también bajo la férula del ministerio del Interior) son incapaces de tomar el control de los territorios (pese a todo lo que les gusta la bendita palabra), y junto a la CONAF, salvar a los pobladores de la acción del fuego, gestionando la extinción de los incendios y liderando la emergencia.

Esta crisis de gestión se ha agravado por condiciones naturales del clima particularmente adversas, o incluso mala suerte como la avería del Ten Tanker cuando recién empezaba a operar; pero descansa también en cuestiones estructurales que afectan al Estado, así como en otras específicas al gobierno de Boric.

Como fue advertido por distintos expertos en su oportunidad, la dualidad de mando a nivel de gobiernos regionales a partir de una reforma insensata iniciada en el gobierno de Bachelet conspira contra la necesaria y efectiva descentralización del Estado. También es impropio, como lo ha dicho el arquitecto Iván Poduje, que los planes reguladores no incluyan los incendios como factor de riesgo. Según han denunciado varios alcaldes, fue tardía la declaración de estado de emergencia lo que impidió en sus inicios un manejo coordinado de la emergencia, especialmente en lo que se refiere a la circulación de vehículos.

Senapred, organismo que reemplazó a la Onemi (cuyo director Ricardo Toro dejó el mando a mediados de noviembre) ha debido enfrentar sin un director titular una temporada de incendios que se preveía compleja, según advirtió el propio presidente Boric en su oportunidad. Esto resulta inexplicable; subroga ese cargo el ex gerente de Finanzas de la Onemi.

Ha faltado liderazgo en la gestión técnica del desastre y no ha dado resultados la estrategia de involucrar a ministros sectoriales, ni la presencia tardía pero omnipresente del presidente Boric, que opaca la actuación de los jefes de zonas de catástrofe. Tampoco han consolidado un liderazgo efectivo la ministra Tohá ni el subsecretario Monsalve, quienes, pese a sus esfuerzos, no parecen estar en control de la situación que ha evolucionado hasta cerca de 300.000 hectáreas quemadas con más de 300 incendios activos, afectando a tres regiones directamente y a varias más con incendios menos extensivos y aguda contaminación del aire.

Ya llegará el tiempo de los políticos en la reconstrucción, pero ahora se requiere una conducción técnica y liderazgos de Senapred y Conaf que no han estado a la altura; y más presencia de los mandos militares a cargo para desarticular a grupos que, según denuncias de la CORMA, han estado provocando incendios intencionales, respecto de los cuales ya hay 20 denuncias y 15 detenidos. Algunos de estos incendios han sido reivindicados por grupos radicales mapuche.

El gobierno de Boric ha fallado una vez más. No parecen ser los habitantes de la comuna mental de Ñuñoa, con su tendencia a opinar de todo sin entender de nada, los más idóneos para manejar esta emergencia. Se echa de menos a gente como Jaime Mañalich o Enrique Paris o Paula Daza, que con impecables credenciales técnicas manejaron una emergencia sustancialmente más grave que esta.

Quizás al percatarse de ello, con instinto de supervivencia, el presidente Boric ha decidido que se llame a conversar a La Moneda a ex ministros de Sebastián Piñera para que aporten su experiencia. También ha convocado a todos los partidos políticos. Estando en las cuerdas, en lugar de tirar la toalla, La Moneda ha levantado una bandera blanca. Como siempre debió ser, enfrentar la emergencia es hoy una tarea nacional.

Lo que se espera ahora es que este espíritu de armisticio se mantenga y el gobierno renuncie a su proyecto de refundar Chile, después de comprobar, una vez más, que no tiene las capacidades para hacerlo.

Por Luis Larraín, economista, para El Líbero

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