El sábado, al confirmar la salida de Marcela Ríos del cargo de ministra de Justicia y Derechos Humanos, el Presidente de la República, Gabriel Boric, aseguró que hubo “desprolijidades” en la decisión de conceder indultos, aunque no entregó más detalles.
«Debido a que hubo desprolijidades en la ejecución de mi decisión de conceder indultos y considerando además la necesidad de fortalecer la gestión política del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos he decidido aceptar la renuncia de Marcela Ríos Tobar a dicha cartera”, sostuvo el jefe de Estado.
¿Cuáles fueron las desprolijidades?
Este lunes, la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, dio más detalles de la salida de Ríos del cargo, y también de la salida del jefe de Gabinete del Presidente Boric, Matías Meza Lopehandía, en quienes recayó la responsabilidad política de las “desprolijidades” a la hora de otorgar indultos.
“El Presidente estableció dos criterios para aplicar los indultos; uno es el conocido por todos y todas que es indultar a personas que en el estallido social hubiesen cometido delitos y producto de ellos estuviesen condenados. Y el segundo es que en la carpeta de las personas que estuviesen en esa condición, se excluyera a personas que tuviesen antecedentes complejos previos al estallido”, explicó la ministra.
“Y, efectivamente, ese segundo criterio fue el que no se cumplió. Fruto de una serie de desprolijidades de las que, evidentemente, se asumieron las responsabilidades políticas en el Ministerio de Justicia y también respecto a la jefatura de gabinete del propio Presidente de la República”, añadió la ministra.
Reportajes T13 reveló hace una semana que Luis Castillo, uno de los trece indultados el 30 de diciembre, y que había sido detenido por delitos cometidos en el contexto del estallido social, tenía además cinco condenas previas por delitos comunes, entre el 2005 y el 2017.
Incluso, la vocera de Gobierno, al ser consultada si el Presidente le hubiese otorgado el indulto a Castillo si hubiese conocido sus antecedentes, aseguró que “si el Presidente hubiera tenido todos los elementos a la vista, la situación hubiese sido distinta”.
De todos modos, la secretaria de Estado resaltó que estas “desprolijidades” no significan que los indultos otorgados sean ilegales y explicó que no es posible revocarlos, pese a las peticiones de algunos sectores de la oposición.
“Esto no dice nada del componente jurídico legal de los indultos. Una cosa es el incumplimiento del segundo criterio que fijó el Presidente, y la otra es la legalidad de los decretos. No tiene ningún vicio legal”, destacó Vallejo.
“Efectivamente se produjo una desprolijidad en el criterio, pero los indultos están bajo la ley, jurídicamente bien establecidos y elaborados. A propósito de miembros de la oposición de revocarlos, no es posible revocar indultos presidenciales por una serie de criterios que tienen que ver con el derecho que se crea en el acto administrativo”, agregó.
Desde la oposición están impulsando una acusación constitucional en contra de la ahora exministra Marcela Ríos, aunque comenzó a ser redactada cuando aún estaba en el cargo. La derecha buscar que Ríos quede inhabilitada de asumir cargos públicos por cinco años.
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