Como una alternativa para dinamizar el sector inmobiliario, y ayudarlo a atravesar por un turbulento escenario que ha comprimido sus márgenes, esta semana el Gobierno ingresó al Senado el proyecto de ley que crea una garantía estatal de 10% del valor del inmueble para precios de viviendas de hasta 4.500 UF.
La medida fue anunciada a fines de octubre del año pasado por los ministros de Hacienda, Mario Marcel, y de Vivienda, Carlos Montes, en el marco de un programa que apunta a reactivar el rubro, a propósito de la desaceleración económica que se prevé para 2023.
Según se detalla en la iniciativa, que ingresó con discusión inmediata, la propuesta es parte de un programa transitorio de un nuevo Fondo de Garantías Especiales, que seguirá un esquema similar al Fogape, y que, según señala el texto, «permitirá garantizar créditos y otros mecanismos de financiamiento bajo el amparo de programas especiales, con el objetivo de cubrir necesidades particulares de uno o más sectores, con una vigencia acotada y una finalidad determinada».
Así, la creación del fondo involucra un aporte fiscal de US$50 millones, pudiendo destinarse hasta US$20 millones adicionales por el plazo de un año a partir de la publicación de la ley, y que se financiarán gracias a la transacción de activos financieros, «razón por la que no se consideran gasto público», subraya el informe financiero del documento.
El proyecto reconoce que actualmente los hogares que compran una vivienda con un crédito hipotecario deben pagar un pie de, al menos, un 20%, lo que ha afectado el acceso de las familias, y de paso, la demanda inmobiliaria. Es por ello que «para paliar el escenario descrito, el programa entregará una garantía estatal equivalente a hasta el 10% del valor de la vivienda, en inmuebles que sean primera vivienda y no superen las 4.500 unidades de fomento».
Junto con ello, se indica que la garantía tendrá una vigencia de 6 años y podrán solicitar financiamientos con estas garantías durante 12 meses para quienes no hayan recibido ningún tipo de subsidio o beneficio estatal para el financiamiento de la vivienda.
«El programa consagrado en este artículo estará vigente hasta el 31 de diciembre del año 2029, o hasta 6 años después de que se otorgue el último crédito garantizado bajo este programa, lo que ocurra último», especifica el proyecto.
Apoyo a la construcción
Otro programa transitorio que incorpora el nuevo Fondo de Garantías Especiales es el Apoyo a la Construcción, que estará destinado a empresas del sector inmobiliario y de la construcción con ventas netas anuales por sobre las 100.000 UF y que no excedan de 1.000.000 UF.
En cuanto a la vigencia del programa, podrán otorgarse financiamientos durante 12 meses, para inversiones, refinanciamientos y capital de trabajo.
Respecto a la cobertura de las garantías, el texto menciona que «para las empresas con ventas netas anuales que superen las 100.000 unidades de fomento, o su equivalente en moneda extranjera, y que no excedan de 600.000 unidades de fomento, o su equivalente en moneda extranjera, el proyecto dispone que la garantía cubrirá hasta el 70% del saldo deudor de cada financiamiento».
Por otro lado, para las firmas con ventas netas anuales que superen las 600.000 UF, y que no excedan de 1.000.000 UF, o su equivalente en moneda extranjera, el proyecto dispone que la garantía cubrirá hasta el 60% del saldo deudor de cada financiamiento.
«Para ambos casos, la garantía del Fondo no podrá tener un plazo superior a 12 años, sin perjuicio del plazo del financiamiento por el cual se otorgue», plantea la iniciativa.
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