El viernes pasado la ministra de Salud, Ximena Aguilera, sostuvo una reunión con los parlamentarios de las comisiones de salud del Congreso, y allí el gobierno se abrió no solo a discutir en marzo el proyecto que fortalece Fonasa, sino también a generar durante febrero una mesa de trabajo con asesores de los diputados y senadores para poder acordar una iniciativa a ser presentada durante la primera semana del próximo mes en el Parlamento, donde se planteen medidas para que no quiebre el sistema de isapres. Así lo señalaron los parlamentarios que asistieron a la reunión.
Por ahora no está del todo claro qué forma tomará ese proyecto, pero donde sí el gobierno tiene bastantes avances es en la iniciativa que busca reforzar a Fonasa, y que le permitiría recibir bajo una nueva alternativa, entre otros, a usuarios que migren de las isapres. En concreto, el proyecto que el gobierno está preparando al respecto habla sobre la “nueva modalidad de cobertura adicional y modernización de Fonasa”.
Esta es una propuesta que venían trabajando desde hace tiempo en el Ejecutivo y que estaba contemplada para la reforma de salud, según comentan fuentes conocedoras, pero que ahora decidieron enviar por separado.
Actualmente, Fonasa se divide en dos modalidades. Una es la Modalidad de Atención Institucional (MAI), donde obligatoriamente se atiende el tramo A, el cual contempla a las personas carentes de recursos; tiene copago cero, y se puede acudir a centros de salud, consultorios, postas y hospitales públicos. Esta modalidad es financiada íntegramente con recursos fiscales.
En tanto, quienes pertenecen a los tramos B, C y D, aportan su 7% del salario y pueden optar por atenderse mediante la anterior modalidad, o comprar bonos para atenderse en la Modalidad Libre Elección (MLE) en prestadores en convenio con Fonasa. En este caso, el valor de bono depende del médico o centro médico donde se atienda cada persona. Esta modalidad se financia con un subsidio del Estado.
Lo que se buscará ahora, señalan quienes conocen la propuesta, es crear una tercera modalidad, que es la llamada “nueva modalidad de cobertura adicional”. Allí, la idea es incorporar una cobertura financiera para determinados prestadores privados. Y se buscará que no requiera de un subsidio estatal, sino que más bien se financiaría íntegramente con la cotización de cada persona.
En esa línea, el objetivo es que aquellas personas que quieran acceder a esta modalidad, deben recurrir a Fonasa con su 7%, y el Fondo Nacional de Salud les entregará un plan al que se ajusta su prima, incorporando una red de prestadores y un nivel de cobertura, tal como ocurre hoy cuando una persona accede a un plan de isapre, pero en este caso es Fonasa el que ofrece un plan estandarizado.
Si el afiliado quiere acceder a prestadores distintos o a una mayor cobertura, tiene la libertad para hacerlo, pero deberá aportar una cotización adicional. En ese caso, con esa cotización adicional Fonasa hará una licitación donde las compañías de seguros de vida podrán participar y quedarse con un paquete de afiliados.
En ese sentido, Fonasa hará distintos paquetes a ser licitados dependiendo del aporte adicional de cada persona, por lo que allí se podrán incorporar personas con preexistencias inclusive. La idea es que la prima que pague cada afiliado sea plana, y que tenga una cobertura financiera determinada.
Los planes serán estandarizados, a diferencia de lo que ocurre hoy con las isapres, donde existe un sinnúmero de planes de salud. Y el gobierno espera que la cobertura que tienen los afiliados sea similar a la que tienen actualmente en isapres.
La idea es que del total de la cuenta que tenga un afiliado, Fonasa pague el equivalente a la cobertura por el 7% de cotización, y la aseguradora desembolse lo que corresponda según el aporte adicional de cada persona. Después de eso viene el gasto de bolsillo del afiliado, tal como ocurre actualmente en las isapres.
Y si bien hoy hay personas que podrían aportar su 7% a Fonasa y al mismo tiempo contratar un seguro complementario, la gran diferencia con esta propuesta, es que Fonasa tendría un mejor poder negociador para conseguir seguros para aquellos afiliados que hoy no pueden acceder al no ser aceptados por los seguros, ya sea por tener preexistencias o ser de edad más avanzada, por ejemplo, o que les sale muy caro, entre otros.
El director de la Escuela de Salud Pública Universidad de Chile, Óscar Arteaga, comenta que “las isapres no son seguros privados, sino que entidades privadas que administran un seguro social. Esto explica que el gobierno deba intervenir en la así llamada crisis de las isapres, lo que no se justificaría en cualquier otro ámbito de actividad en el cual las partes involucradas (instituciones y personas) son privadas. La acción del gobierno se entiende, entonces, porque como sociedad estamos reconociendo que la salud es un bien social”.
Por otra parte, dice que “desde que estas instituciones fueron creadas, las isapres han estado legalmente autorizadas para cobrar precios más altos a sus afiliados que tienen más enfermedades o edades en las que se requiere más atención de salud (niños menores de un año; mujeres en edad fértil; personas mayores de 60 años). Esto último, es decir discriminar a las personas por riesgo de salud, es una anomalía a nivel internacional que aleja nuestro sistema de salud de los sistemas de seguridad social en salud, como los que existen en países desarrollados”.
En este contexto, señala que “los planteamientos de la Ministra de Salud poniendo a las personas y sus necesidades en el centro de la solución a la crisis, son correctos. En este sentido, la estrategia de fortalecer Fonasa creando una nueva modalidad está bien orientada, pues cualquier seguro de salud, sea Fonasa o isapre, no es sino un mecanismo mediante el cual las personas acceden a lo que realmente les importa: la atención de salud. De este modo, la propuesta planteada es consistente con proteger a las personas, pues busca establecer un mecanismo mediante el cual las personas puedan seguir accediendo a los prestadores que les entreguen la atención que ellas necesitan, sean estos prestadores públicos o privados”.
En todo caso, Arteaga plantea: “¿Es suficiente la propuesta para resolver el problema? No. La propuesta es una importante contribución, pero no resuelve el problema de fondo. La solución de fondo requiere cambios legales, es decir una reforma, que permita que efectivamente, como país, tengamos un sistema de seguridad social en salud en el cual cada persona contribuya al financiamiento en función de sus capacidades y haga uso del sistema de atención en función de sus necesidades, es decir, un sistema en el cual el acceso a la atención no esté condicionado por el nivel de ingreso económico de las personas. Un proyecto de ley orientado en esa dirección debe ser parte de un acuerdo transversal para resolver la crisis de las isapres”.
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