En medio de la crisis de seguridad y el complejo escenario que ha dejado para el Gobierno la muerte de dos carabineros en 12 días, el Ejecutivo ha profundizado en una serie de acciones que buscan dar «señales» de respaldo a la institución y también a la ciudadanía.
En aquello, el Parlamento ha tomado un rol activo, puesto que ayer se despacharon cinco proyectos de seguridad al Senado, mientras que hoy se vota el fusionado proyecto «Naín-Retamal», que busca dotar de mayores facultades del uso de la fuerza a Carabineros, además de aumentar las penas para quienes los agredan.
En ese contexto, la ministra del Interior, Carolina Tohá, dijo esta mañana a Radio ADN que «no hay ninguna resistencia respecto a avanzar en este tema, lo que pasa es que hay diferencias respecto a cómo avanzar. Ese es el punto, y creo las vamos a poder resolver; espero que esa sea la actitud con la que vaya todo el mundo hoy día al Congreso».
Asimismo, recalcó que «el Ejecutivo tenía comprometido con el Parlamento un acuerdo al que llegamos cuando se aprobó la Ley de infraestructura crítica, que íbamos a presentar un proyecto sobre reglas del uso de la fuerza, es decir, las normas que regulan cuando las policías pueden hacer uso de sus armas», y según explicó, este trabajo que se ha realizado con distintas bancadas y comisiones, derivó en la decisión de incorporar, a ese proyecto, una serie de «normas de protección a las policías».
Dichas normas, aclaró, «regulan cómo se trata, cómo se interpreta, penalmente, el caso de un funcionario policial, cuando en el uso de su arma es cuestionado por la justicia, cuando hay una duda respecto al procedimiento. Según explicó Tohá, a raíz de la muerte de la sargento mayor Rita Olivares, y la inminente discusión del proyecto «Naín-Retamal», «el Ejecutivo tomó la decisión de tomar todo lo que tenía desarrollado para este otro proyecto y adelantarlo para que se discuta ahora».
La intención, dijo la ministra, es que de estos procesos emane «una buena ley» y que «no pase lo que sucede hoy, que un policía hace uso de su arma y al día siguiente está imputado, está suspendido, muchas veces antes de que se investigue seriamente si se actuó correctamente o no. Entonces eso no puede suceder, no está bien, tenemos que corregirlo».
Con todo, la secretaria de Estado descartó tajantemente que exista resistencia en algunos sectores del oficialismo -como el PC y parte de Apruebo Dignidad- frente a la normativa que entrega este tipo de defensa a las policías.
«No es así, todo el mundo entiende que las policías tienen que hacer uso de la fuerza, que las policías, no sólo cuando está amenazada su vida, sino también cuando está amenazada la vida de un tercero, cuando está cometiéndose un delito y la persona que lo comete no obedece a las órdenes, las policías tienen que hacer uso de la fuerza», subrayó la ministra.
Y agregó: «por supuesto, no pueden dejar arrancarse a un delincuente, tienen que perseguirlo, y si se arranca, tienen que dispararle. Ciertamente alguien que arranca no hay que dispararle a matar, hay que tratar de dispararle para paralizarlo, pero no puede ser que las policías se queden de brazos cruzados ante una persona que arranca, en eso no hay dudas». De todos modos, precisó que «la fuerza tiene distintos grados, no puede ser que a la primera se dispare».
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