El subsecretario de Justicia, Jaime Gajardo, afirmó esta mañana que el Gobierno evalúa la construcción de una nueva cárcel de máxima seguridad para los líderes de las bandas delictuales. Esto, en medio del intenso debate que se ha generado por la crisis de seguridad; el nuevo tipo de recluso -ligado al crimen organizado- y las posibles soluciones para su combate, lo que incluye subsanar el déficit de estos recintos.
En conversación con Radio Pauta, la autoridad detalló que actualmente existen alrededor de 47.000 personas privadas de libertad, «y la capacidad de nuestro sistema penitenciario es para 42.000 personas privadas de libertad; es decir, tenemos actualmente 110% de ocupación de nuestros establecimientos penitenciarios, lo que ha ido al alza de manera importante, principalmente en el último año».
Gajardo precisó que en 2019 se registró el mínimo histórico, con 40 mil personas privadas de libertad, cifra que se mantuvo estable durante la pandemia hasta 2021. Cuando asumió el actual Gobierno, ya se registraban 41 mil personas privadas de libertad, «y de 2022 a la fecha se pegó este salto importante y cerramos marzo prácticamente con 47 mil personas privadas de libertad».
Ante este panorama, el subsecretario sostuvo que es necesario aumentar la capacidad del sistema penitenciario -el que mantiene la misma capacidad desde el año 2012-, pero también hay que considerar que ha cambiado el tipo de personas que se encuentran privadas de libertad.
«No sólo tenemos delincuentes que han cometido delitos más peligrosos, sino que también tenemos presencia de bandas organizadas, de crimen organizado al interior de los establecimientos penitenciarios, y para ello, se requiere tener una infraestructura que nos permita separar y segregar adecuadamente a esas personas», agregó la autoridad.
En ese sentido, sostuvo que al asumir, se encontraron con que sólo existían cinco módulos de alta seguridad en los 80 establecimientos penitenciarios que existen en el país, con una capacidad para 300 personas en total. Sin embargo el módulo de la cárcel de Arica estaba en malas condiciones, por lo que debió ser reparado -en medio de la llegada de Tren de Aragua-, y lo mismo ocurrió con la cárcel de alta seguridad, que «se encontraba despoblada desde 2021», y cuya remodelación permitió el aumento de su capacidad en un 100%.
De todos modos, la autoridad subrayó que «esto todavía es insuficiente», puesto que «tenemos una situación penitenciaria que ha cambiado muy radicalmente en los últimos años, y por lo mismo, estamos proyectando en este régimen especial, la construcción de más módulos de alta seguridad, pero también eventualmente estamos evaluando la construcción de otra cárcel de máxima seguridad que nos permita tener ahí, de forma debidamente aislada y segregada, con estas condiciones, a los líderes de las bandas criminales».
Consultado por los plazos para esa eventual construcción, Gajardo precisó que es necesario previamente «aprobar una solución legislativa que nos permita construir establecimientos penitenciarios en plazos más breve, porque actualmente construir una cárcel tarda aproximadamente ocho a diez años. De hecho, nosotros estamos tomando la posta de proyectos que venían de gobiernos anteriores».
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