Un total de más de 900 enmiendas a las normas constitucionales aprobadas en general por la Comisión Experta, fueron ingresadas anoche por sus miembros. Cumpliéndose así el plazo que vencía a las 23:59 horas de este lunes.
Una vez sistematizadas, las normas se discutirán y votarán en particular en cada una de las cuatro subcomisiones, según corresponda. Para su aprobación, se requerirán del voto favorable de cuatro de seis comisionados, esto con el fin de cumplir con el quórum de 3/5. Una vez despachadas serán vistas en el pleno por los 24 expertos.
A diferencia de lo que ocurrió con las indicaciones por capítulo, esta vez el grueso de las enmiendas fueron presentadas por sector, ante las diferencias que ciertos temas provocan entre el oficialismo y la oposición. Siendo muchos menos esta vez los consensos.
Libertad de elección en salud
Uno de los temas que ha causado más diferencias entre los comisionados en los últimos días es la pugna respecto a la norma sobre la libertad de la elección entre un régimen de salud privado y uno estatal. Al respecto, la oposición ingresó una enmienda que agrega lo siguiente: «El Estado deberá respetar el derecho de los cotizantes a elegir libremente la institución que administre sus ahorros previsionales y los fondos que generen, garantizando la propiedad, heredabilidad e inexpropiabilidad de los mismos».
Respecto a la misma norma, el oficialismo ingresó una enmienda para sustituir el literal a) del inciso vigésimo del artículo 17 por el siguiente: «El Estado garantiza el acceso a prestaciones suficientes y uniformes establecidas por la ley, resguardando a las personas de las contingencias de vejez, discapacidad, muerte, enfermedad, embarazo, maternidad, paternidad, desempleo, seguridad y salud, el trabajo doméstico, sin perjuicio del establecimiento de otras contingencias por ley. La ley podrá establecer cotizaciones obligatorias».
Sobre el artículo respecto a la libertad de enseñanza, la oposición además planteó sustituir íntegramente el literal a) del inciso 31 del artículo 17, por «se reconoce la libertad de instituir proyectos educativos y se garantiza su integridad. Esto incluye el derecho de abrir, organizar, mantener y desarrollar establecimientos educacionales, sin otra limitación que las impuestas por las buenas costumbres, el orden público y la seguridad de la Nación».
Asimismo, el oficialismo agregó algunos nuevos derechos, así destaca por ejemplo, aquel que establece que «toda persona es titular de derechos sexuales y reproductivos. Estos incluyen el derecho a tomar decisiones informadas y autónomas sobre su vida sexual y reproductiva, y acceder a las prestaciones de salud correspondientes, sin coacción ni discriminación. Incluyen también el derecho a gozar de los beneficios del progreso científico y sus aplicaciones».
En tanto, la oposición busca consagrar el derecho a la vida del que está por nacer.
El sector también ingresó otros derechos relacionados a pueblos indígenas -también la oposición-, niñez, autonomía de las personas, actividad física, cuidados, alimentación adecuada, Defensoría de los Derechos Humanos y entorno seguro.
Sistema electoral
También han concitado debate lo que respecta al umbral de 5% de votación para que los partidos puedan tener representación (escaños) en el Congreso, buscando así recudir su fragmentación el Parlamento.
Sobre esto, la oposición añadió la idea de que «la regla antes referida no aplicará en caso que el partido tenga escaños suficientes para sumar como mínimo ocho parlamentarios en el Congreso Nacional, entre los eventualmente electos en dicha elección de diputados y los senadores que continúan en ejercicio hasta la siguiente elección.
Los votos obtenidos por los partidos políticos que no obtengan escaños conforme a las reglas anteriores, se asignarán a los partidos del pacto que sí cumplan con los requisitos para integrar la Cámara de Diputadas y Diputados, de manera proporcional al número de votos obtenidos por ellos en el respectivo distrito», se sostiene.
En tanto, con firmas transversales la comisionada Paz Anastasiadis (DC) introdujo otra indicación que señala que «los partidos políticos que no alcancen dicho porcentaje de votos válidamente emitidos, podrán constituir federaciones al objeto de cumplir con la referida exigencia».
En lo que respecta al sistema político también hay diferencias, así la oposición propuso listas abiertas de candidatos y el oficialismo cerradas y sin pactos electorales. En las enmiendas de la oposición se establece que «los miembros del Congreso Nacional podrán ser electos en listas de uno o más partidos. No se podrán presentar listas de candidatos independientes». A la vez que «la Cámara de Diputadas y Diputados estará compuesta por miembros electos en distritos plurinominales. En cada uno de estos distritos se elegirán entre tres y cinco escaños de acuerdo a un sistema proporcional».
En cambio, el oficialismo plasmó al respecto que «la ley electoral respectiva deberá establecer que, en las elecciones parlamentarias se harán mediante un sistema electoral que dé por resultado, en la práctica, una efectiva proporcionalidad en la representación de los partidos políticos, en listas cerradas y bloqueadas, en la que el orden de precedencia de las candidaturas se alternarán entre mujeres y hombres». Además, se establece que «cada partido político constituirá una lista y aquellos no podrán celebrar pactos electorales» y que «no será procedente la declaración de las listas conformadas solamente por independientes».
Sumado a lo anterior, añadieron la idea de que «habrá un distrito exterior, que otorgará representación en la Cámara de Diputados y Diputadas a las personas con derecho a sufragio que tuvieren domicilio electoral fuera del territorio nacional. La ley electoral dispondrá su sistema electoral».
Sobre los indultos, el oficialismo hizo algunos alcances, por ejemplo, indicando que «los crímenes de lesa humanidad no podrán recibir indulto, ni amnistía de ninguna clase».
Por otra parte, en el capítulo que se refiere a la «Representación Política y Participación», el oficialismo agregó que «sin perjuicio de las demás disposiciones constitucionales, en las votaciones populares y referendos de autoridades y cuestiones de los gobiernos regionales y locales serán habilitados para sufragar en ellas, con carácter voluntario, las personas que hubieren cumplido 16 años». Al contrario, en la oposición buscan que la edad para ser ciudadano sean los 18 años y por ende, también para votar.
Además, el sector incorporó lo siguiente en materia de pueblos indígenas: «Existirán escaños reservados para los pueblos indígenas en el Congreso Nacional. La ley determinará su número en proporción a la población inscrita en un registro especial denominado Registro Electoral Indígena, que deberá asegurar la representación plural de pueblos indígenas reconocidos en esta Constitución. Dicho registro será elaborado y administrado por el Servicio Electoral en los términos que indique la ley. La ley regulará los requisitos, los procedimientos y la distribución de los escaños reservados».
La democracia paritaria será otras de las ideas que defenderá el oficialismo.
Medio Ambiente
El capítulo sobre Medio Ambiente fue uno de los más cortos que se presentó y ante lo cual los distintos comisionados se habían comprometido a dotarlo de contenido. Por ello, ambos sectores ingresaron varias indicaciones al respecto.
El oficialismo incorporó nuevos artículos sobre principios y deberes del Estado en la materia. Sobre este último punto se agregó que «es deber del Estado contribuir a la mitigación de la urgencia climática, tanto a nivel global como local. El Estado deberá velar por una transición justa hacia una economía carbono-neutral». En segundo lugar, que «las políticas públicas deben promover el desarrollo sostenible, buscando conciliar la protección y mejora del medio ambiente, el progreso social y bienestar de las generaciones futuras, con el desarrollo económico».
Además, en materia de custodia de la naturaleza se establece que «el Estado tiene el deber de custodiar la naturaleza, garantizando la integridad de sus ecosistemas en beneficio de las generaciones presentes y futuras».
Por su parte, la oposición agregó también algunos incisos, así propone que «El Estado debe fomentar el desarrollo sostenible, armónico y solidario del territorio nacional, instando a la colaboración privada en dicha tarea».
También se plantea que «el Estado contará con instituciones administrativas y jurisdiccionales en materia ambiental, las que serán de carácter técnico y llevarán a cabo sus procedimientos de acuerdo con las garantías del debido proceso», entre vario otros puntos.
Cabe recordar que también se ingresaron enmiendas relativas al poder Judicial, Corte Constitucional, la Justicia Electoral, la Contraloría y el Banco Central, entre otros.
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