La Contraloría General de la República terminó la etapa indagatoria del sumario que abrió el 2021 en la Municipalidad de Vitacura y acreditó traspasos irregulares de dineros durante la administración del exalcalde Raúl Torrealba.

Sobre esto, el Contralor Jorge Bermúdez, explicó que «nosotros iniciamos un sumario a propósito de transferencias que se hicieron a corporaciones privadas de la municipalidad de Vitacura. Ese sumario ha concluido en su etapa indagatoria y concluye con la formulación de cargos».

En esa línea, dijo que «nosotros estamos inculpado de responsabilidad a 15 funcionarios y exfuncionarios», entre ellos, el exjefe comunal, Raúl Torrealba. Por ahora, indicó que el sumario es secreto, y solo tienen acceso a el las personas que ya han sido informadas por los cargos.

«Lo que viene ahora es que las personas tienen que formular sus descargos y luego, la Contraloría va ha hacer una resolución donde va a ponderar esos descargos y determinar si hubo responsabilidad o no», continuó Bermúdez.

Asimismo, dijo que «quien tiene que aplicar la sanción es la municipalidad, y eventualmente los mecanismos que operan en la municipalidad, por ejemplo, a través de la acusación que puede formular el consejo comunal ante el Tribunal Electoral».

Respecto a los plazos, indicó que depende de lo que realicen los investigados. «Ellos tienen un plazo para poder formular los descargos desde que se realiza la notificación. De los 15 se ha notificado a 10 personas solamente, faltan 5 personas».

Entre ellos, indicó que «el exalcalde no ha sido notificado todavía porque no fue habido en su domicilio, pero ya se realizaron las búsquedas de esa personas y se le notificará por carta certificada, lo que establece la ley».

Sobre las sanciones a las que se podría exponer el exalcade, Bermúdez dijo que «Sí el consejo eventualmente plantea – no digo que lo vaya a hacer – esta situación al Tribunal Electoral y el tribunal decide destituir por notable abandono, si la persona no está ejerciendo el cargo, no va a ser destituido, pero sí la sanción más grave es la inhabilidad de desempeñar cargos públicos por cinco años».

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