“En mi rol de ciudadano, voy a emprender todas las acciones que sean necesarias para develar aquellas mentiras, injurias o calumnias y que se revelen como tales”.

El 11 de agosto el exministro de Desarrollo Social Giorgio Jackson (RD) renunció a su cargo en medio de la polémica por los líos de platas entre el Estado y fundaciones, que tenían a su partido en el centro de la polémica, pero también lo hizo con una advertencia: que no iba a dejar pasar los dichos de diversos parlamentarios que lo acusaron de estar involucrado en el caso y también en el robo de 23 computadores en su Ministerio en plena investigación.

Por ello, en las últimas semanas el exdiputado, además de aprovechar de descansar, ha evaluado su estrategia legal. Quienes han conversado con Jackson transmiten que el exministro está convencido de que tiene que emprender acciones y que así también se lo han recomendado sus cercanos. Por lo mismo, el exparlamentario ha puesto sobre la mesa los pro y los contra de una arremetida de ese nivel.

Así, junto a su entorno se ha pensando en diferentes abogados penalistas, como Jorge Bofill, Juan Pablo Hermosilla y también Miguel Schürmann, con quien tiene contacto frecuente, ya que lo ha asesorado en el pasado, y es a quien apuntan en el gobierno como quien liderará las funciones en caso de acciones judiciales.

Schürmann, de hecho, desde hace unas semanas asumió el mandato judicial para representar a Jackson en el marco de la investigación que lleva adelante el Ministerio Público por los casos de convenios entre fundaciones y el Estado. Su estudio de abogados, BACS, también defiende en causas a los alcaldes Tomás Vodanovic e Irací Hassler.

En La Moneda están al tanto de los pasos de Jackson, quien quedó de avisar la estrategia que defina, ante las consecuencias que pueda tener en la oposición y también en el oficialismo una ofensiva judicial.

Esto, porque el exsecretario de Estado no recibió acusaciones solo de la oposición, sino que también desde los partidos de gobierno como el senador Fidel Espinoza (PS), quien lo acusó de ser “el líder de la banda”.

Junto a las declaraciones de Espinoza, también hubo otras arremetidas contra el exministro. Los diputados de la UDI, a través de una carta dirigida al Presidente Gabriel Boric, exigieron su la salida y lo interpelaron por “haber orquestado un esquema de defraudación a través de fundaciones políticas y, por último, por estar directamente involucrado en el sospechoso robo de 23 computadores y una caja fuerte desde su ministerio, justo cuando días atrás el fiscal nacional, Sr. Ángel Valencia, había informado que probablemente sería citado a declarar en el caso”.

En el Partido Republicano también hubo acusaciones. “La mayoría de los chilenos sabe que el ministro Jackson es el rostro de la corrupción en nuestro país”, dijo el diputado Benjamín Moreno, jefe de la bancada, al anunciar la acusación constitucional contra el fundador del Frente Amplio, la que terminó gatillando su salida.

La estrategia

En el entorno de Jackson aseguran que “no está apurado” y que “tiene mucho tiempo para definir la estrategia”, por lo que será muy cuidadoso de que su acción no perjudique al gobierno en medio de definiciones importantes en el Congreso, como la tramitación del Presupuesto, la votación del nuevo pacto fiscal y la discusión de la reforma de Pensiones. Por ello, es que el exministro quedó de comunicar su decisión.

Un escenario del que también están al tanto algunos en RD. En ese partido tiene claro que hay varios factores a considerar, entre ellos, que el timing sea pertinente y no perjudique la agenda del Ejecutivo.

Otro asunto que está sobre la mesa es el alcance de la estrategia legal por la que opte Jackson. En el caso de que se decida por una querella, hay que zanjar contra quiénes. Esto, porque especulan que si es una acción legal más masiva -por ejemplo, en contra toda la bancada de la UDI que firmó la carta- el impacto judicial podría ser menor si es que se pide desaforar a los parlamentarios, ya que los tribunales, agregan las mismas fuentes, no estarían dispuestos a generar ese impacto político, que repercutiría inmediatamente en el quórum para la aprobación de los proyectos de ley en el Congreso.

Por eso, lo más probable es que en el caso de haber querellas se haga contra parlamentarios en específico, como por ejemplo, quienes hicieron vocerías o los jefes de bancada.

Otra de las interrogantes es qué hacer con el senador Fidel Espinoza, uno de los más duros contra Jackson, pero forma parte de una de las coaliciones de gobierno, por lo que una acción legal en su contra recrudecería nuevamente el ambiente en el oficialismo, el que ya se ha visto tensionado en más de una oportunidad, generándole un conflicto adicional al Presidente Gabriel Boric.

En su partido, Revolución Democrática, varios le han recomendado seguir adelante con la ofensiva legal, porque para ellos, y para el Frente Amplio, el exministro es un activo político que debe volver a la primera línea de la política chilena, por lo que una eventual querella le permitiría “limpiar su imagen”.

En La Moneda, donde siguen atentos los pasos de Jackson, también hay quienes lo han alentado a tomar acciones legales. Además, los ministros y el propio Presidente le han hecho ver en reiteradas ocasiones su apoyo. El último gesto fue una comida en su honor en el Círculo Español, donde Boric aseguró que Jackson es “el mejor de los nuestros”.

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