El penúltimo pleno del Consejo, que iba a ser un simple trámite, terminó con una pequeña advertencia de último minuto invocada por parte de los representantes comunistas.
La sesión de este lunes estaba convocada para votar el informe de la comisión mixta, es decir, las propuestas de solución a las 32 normas que se habían derivado a esta instancia entre las que venían las nuevas redacciones para los artículos sobre contribuciones, objeción de conciencia, migrantes, entre otras materias.
Luego de horas de debate, con intervenciones que fueron subiendo el tono de lado y lado, el pleno aprobó el informe. Así, la única sorpresa del día vino por parte de los representantes del Partido Comunista en el proceso constitucional al sugerir que habría voluntad de reclamar ante el Comité Técnico de Admisibilidad (CTA), el árbitro que vigila el respeto de las 12 bases institucionales.
El primero en decirlo fue el comisionado Alexis Cortés. “Se define al pueblo como una nación única e indivisible, aunque las bases señalan que la soberanía reside en el pueblo a diferencia del texto vigente que la sitúa en la nación. Torcidamente se vulnera una de las bases”, afirmó el experto. Un asunto que, en todo caso, ya había sido advertido por el comisionado Domingo Lovera (RD) en una sesión de la comisión mixta.
Sus palabras hacen referencia a una norma, que viene en el informe de la comisión mixta, y que establece que “la soberanía reside en el pueblo de Chile, nación única e indivisible”. La base institucional, escrita en la Constitución vigente y que es resguardada por el CTA, plantea que “Chile es una República democrática cuya soberanía reside en el pueblo”.
Fuentes del oficialismo comentan que el PC siempre ha empujado la opción de reclamar vulneración de bases institucionales, pero el bloque de izquierda había optado por no hacerlo. Sin embargo, ahora los comunistas volverán a plantearlo.
Por lo mismo, el consejero Fernando Viveros (PC) al final del pleno hizo un punto de reglamento. Esto, para decir que el plazo para recurrir al CTA es de cinco días desde que se aprobó una norma en el pleno y ese plazo vencería el sábado. Lo dijo para argumentar que, por lo tanto, el pleno que se va a citar el jueves en la tarde debería aplazarse, ya que a esa fecha aún no existirá texto íntegro para someterse a votación debido a que el plazo para recurrir al árbitro aún seguirá abierto.
La delegada de la bancada RD, Paloma Zúñiga, también abordó este punto de los plazos. “El reglamento permite que una vez terminada la votación de hoy día, se esperen cinco días para que eventualmente si algún consejero quisiera enviar la propuesta al Comité Técnico de Admisibilidad esto se haga”, dijo Zúñiga.
Para recurrir el requerimiento tiene que ser firmado por 10 consejeros. Fuentes de la izquierda comentan que la decisión no ha sido tomada y, en caso de que el PC proponga tomar una definición al respecto, el objetivo es que sea algo unánime para así mantener la unidad del bloque. Otras fuentes añaden que la jugada sería principalmente una maniobra para ganar tiempo y dilatar la última votación del Consejo, de manera de que el texto no quede listo esta semana y se atrase para la próxima, acortando así en un par de días el inicio de la campaña de difusión del texto.
Dada la arremetida del oficialismo, el asunto fue analizado en la reunión de delegados. Para evitar mayores problemas y no darle el punto a la izquierda para que criticara que la derecha “pasa máquina”, la oposición aceptó la solicitud y los delegados movieron el pleno que estaba fijado para la tarde de este jueves y lo trasladaron para el lunes 30 de octubre.
“Nosotros fuimos explícitos que, respetando el reglamento y la Constitución, se pudiera votar lo antes posible para poder informar con un texto ya cerrado por el Consejo a la ciudadanía acerca de sus contenidos. El objetivo es dar a conocer el texto a la ciudadanía”, comentó el delegado republicano Luis Silva. Pese a esa pretensión, el consejero agregó que “esa tesis se planteó en abstracto (la del plazo para reclamar al árbitro) y se pidió que se respetara ese plazo constitucional de cinco días para dejar ese derecho intacto y eso nos pareció a nosotros una buena razón”.
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