El Gobierno Regional de Los Lagos es el que concentra casi la totalidad de los convenios con organizaciones privadas sin fines de lucro declarados fuera de la ley por la Contraloría. Y son tres las organizaciones más complicadas tras el traspaso de dineros públicos: Fundación Participa, Corporación Kimun y la Corporación privada para la educación y el desarrollo local El Canelo.
La primera está fuertemente cuestionada por su estrecha relación con el PPD, la segunda tiene a sus representantes en prisión preventiva -uno de ellos el ex candidato presidencial de la Lista del Pueblo, Diego Ancalao– y de la tercera poco se sabe. Se trata de una corporación que también cuenta con una sociedad inmobiliaria y en cuyo directorio participa Antonio Elizalde, padre del ministro de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), Alvaro Elizalde.
El Canelo se adjudicó en octubre de 2022 $736 millones para desarrollar el proyecto “Fortalecimiento del Sector Silvoagropecuario Indígena de la Provincia de Osorno”, que buscaba desarrollar un “programa de inversión que responda a las oportunidades existentes en la zona, mejorando su capacidad productiva”. En lo concreto, hasta agosto le entregaron 110 maquinarias a “ocho territorios indígenas”, avaluadas en $589.500.000 y durante 2024 pasarían a un proceso de capacitación.
Sin embargo, Contraloría detectó una serie de inconsistencias que llevó a que el Gore pidiera cerrar ese y otros 27 programas representados (que no cumplen con la ley), a más tardar este 30 de noviembre. Entre ellas está que la organización no tenía el giro para hacer el proyecto, que no se corroboró su experiencia en el tema, que el proyecto tenía falta de información y que las transferencias se hicieron sin la debida toma de razón, paso legal previo al envío de dinero.
Quiénes componen El Canelo de Nos
Corporación El Canelo, conocida organización en San Bernardo, es presidida por Francisco Vio Grossi, abogado, sociólogo, escritor, exembajador, exdirector de la Agencia de Cooperación Internacional (AGCI) y ex rector de la Universidad Bolivariana.
Esa casa de estudios cuenta entre sus fundadores a Antonio Elizalde Hevia -padre del ex timonel del PS y actual ministro de la Segpres-, quien hoy figura como tercer director de El Canelo. Tras Vio, Elizalde fue rector de esa universidad durante 11 años (1996-2007), integró su directorio, fue director de investigación y publicación y es rector emérito.
En el directorio también figura el psicólogo y director de Greenpeace, Matías Asún, y el ex decano de Derecho de la U. Bolivariana y ex presidente del partido Izquierda Cristiana, Manuel Jacques Parraguez, quien compitió para ser carta presidencial en 2005, pero Juntos Podemos se decantó por Tomás Hirsch.
El equipo también lo compone el reconocido psiquiatra Luis Weinstein Crenovich, una asistente social que trabajó en la Dirección Sociocultural de Presidencia y en el Ministerio del Desarrollo Social y Familia, Gabriela Munita; el director de la Dirección de Educación de Río Hurtado, Allan Ramírez; la trabajadora social Teresa López Vázquez y el ingeniero Oscar Núñez.
El proyecto más costoso de la corporación
La Corporación El Canelo se fundó en 1991, sin embargo, ha tenido diferentes conformaciones, pues a la sociedad inmobiliaria también se le sumó una de capacitaciones. En total, su fundador, Francisco Vio, dice en un video que la agrupación tiene 38 años, “llenos de éxitos, de amistad y de compromiso con una causa noble que primero fue la lucha por la democracia, en la lucha por el medio ambiente, la lucha por los marginados y hoy día seguimos trabajando alrededor de los mismos ideales pero con una gran sensación de que hemos hecho lo que hemos debido hacer durante los últimos años”.
En su trayectoria, la corporación ha recibido 68 transferencias de dinero desde organizaciones estatales, pero siempre por proyectos ligados a temas de cultura o deporte. El año que más proyectos obtuvo fue en 2010 (11 iniciativas), pero entre 2019 y 2021 no registra ninguna.
En su cuenta de Instagram (@elcanelodenos) han subido 13 contenidos. Todos entre julio y septiembre de 2022, y todos para hacer campaña en favor del «Apruebo» de la fallida propuesta constitucional del año pasado.
La transferencia de dineros estatales más cuantiosa es la de 2022 del Gore de Los Lagos. Hasta entonces, máximo habían recibido $29 millones para sus proyectos.
Con Los Lagos ya habían trabajado en 2010, 2014, 2015 y 2016, pero siempre en iniciativas de tres a cuatro millones de pesos para, por ejemplo, la ejecución de una revista en Chiloé, de un encuentro poético y en actividades de memoria.
En lo agropecuario, aparecen subsidios de Indap en el marco del Programa de Desarrollo Local. En esa línea habrían realizado, por ejemplo, invernaderos comunitarios.
El Líbero llamó a todos los teléfonos publicados en la página web de El Canelo y envió al mail consultas respecto al proyecto puntual, su experiencia y la posibilidad de que su cercanía política al gobierno haya influido en la adjudicación del convenio cuestionado, sin tener respuesta al momento del cierre de esta nota.
Cierre del programa en Los Lagos
Hasta el 22 de noviembre de este año El Canelo había rendido $670.703.546 de los más de $736 millones que se le depositaron en dos tandas para el proyecto en Osorno. Además, quedó lista para suscribir un acta de cierre de convenio, con lo cual no se ejecutarían las capacitaciones programadas para 2024.
¿Qué pasará con el dinero restante? El Líbero consultó al Gobierno Regional, pero no se refirieron a ese punto.
El director de estudios de Chile Transparente, Michel Figueroa, revisó el informe de Contraloría sobre el Gore de Los Lagos, donde se advertía la ilegalidad de los 28 convenios que deben ser cerrados.
Al respecto, explica a El Líbero que el haber entregado los recursos sin haber esperado la toma de razón de Contraloría es un “incumplimiento grave de las obligaciones de los funcionarios y de quienes tenían que hacer los mecanismos de supervisión y control internamente”. Por ello, sostuvo, lo que correspondería es iniciar sumarios “para poder determinar quiénes tienen algún tipo de responsabilidad administrativa en la transferencia de estos recursos, quién dio las órdenes de hacer las transferencias de los dineros sin haber estado tramitado completamente el procedimiento y, por otro lado, establecer los mecanismos de acuerdo a cada caso, para recuperar los recursos públicos que fueron transferidos de forma ilegal a las instituciones”.
Los cuestionamientos de Contraloría
Según el informe de Contraloría, la entonces jefa de la División de Fomento e Industria, Gloria González, le envió un mail a El Canelo informándoles que habían sido “seleccionados” para ser ejecutores de alguno de los programas productivos que harían en la región, por lo que se requerían varios documentos. Una invitación similar hizo González con Participa y Kimun. La mujer fue formalizada por fraude al fisco la semana pasada y se encuentra con arresto domiciliario total. Igual suerte corrió la administradora municipal, Viviana Godoy.
El mail mencionado es del 5 de octubre de 2022 y en sesión del 20 octubre se sometió a votación del Consejo Regional que El Canelo se adjudicara el convenio. Se aprobó con sólo una abstención y el 12 de diciembre se hizo la resolución del convenio. Dos semanas después, el 28 de diciembre de 2022, se les hizo la primera transferencia por $552.192.000 y el 28 de abril pasado se les depositó el restante ($184.063.000). Esto pese a que el convenio fue representado tres veces por Contraloría en enero, mayo y junio de 2023.
Según la auditoría, esto habría pasado porque un abogado de la Dirección Jurídica dio una instrucción “que no se ajustó a derecho”. En un mail del 28 de diciembre expuso: “Tal cual todos los actores saben, en los convenios se introdujo una cláusula que establece que sin perjuicio que tendrán vigencia desde la fecha de total tramitación de la resolución que los aprueba, las actividades del mismo podrán desarrollarse desde su suscripción. Eso significa que todo lo que debe hacerse en virtud del convenio, puede empezar a realizarse desde su fecha, entre otras, los pagos respectivos”. Hay un proceso disciplinario en curso por ello.
El informe de los fiscalizadores también detectó que el proyecto de El Canelo no especificaba “el detalle de las actividades y/o acciones comprometidas a realizar en el marco del contrato, tampoco se incorpora una carta Gantt que de cuenta de un programa para la ejecución del proyecto”.
También determinaron que los objetivos de la corporación no tienen relación con el del proyecto y que si bien hay un aspecto que podría calzar, el Gore no lo identificó como una competencia. Además el giro que tienen en el SII tampoco coincide (“actividades de otras asociaciones N.C.P”): “Es así como, se advierte que Corporación El Canelo no desarrolla una actividad económica asociada a la innovación para la competitividad, de fomento productivo, científico o tecnológico y aquellos de origen fito y zoosanitarios”.
A raíz de este y otros casos, Contraloría solicitó sumarios cuyo avance se conocerá en siguientes auditorías.
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