La falta de independencia del poder judicial es uno de los principales problemas en la lucha contra la corrupción en América Latina, donde todos los países, salvo tres, obtienen una puntuación inferior a 50 sobre 100 en el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) presentado hoy por Transparencia Internacional (TI).
Los países latinoamericanos que sus ciudadanos perciben como más limpios son Uruguay, Chile y Costa Rica, con 73, 66 y 55 puntos, respectivamente, los únicos tres por encima de los 50 puntos, según este índice.
En ese sentido, el informe destaca a Chile como un «país a observar». Esto ya que, «pese a que continúa teniendo una posición destacada en el Índice por la fortaleza de sus instituciones democráticas y altos niveles de transparencia, su puntaje ha caído significativamente desde 2014, perdiendo su liderazgo regional».
Esto, agrega el documento «ocurre luego de que trascendieran varios casos de corrupción con alto impacto que involucran a figuras importantes de casi todos los partidos políticos principales y muchas de las instituciones más relevantes del país, y pone de manifiesto deficiencias estructurales en la prevención de la corrupción, así como una escasa respuesta en cuanto a sanciones».
Pese a lo anterior, añade, «este año, Chile tiene una oportunidad única de marcar una diferencia en la lucha contra la corrupción e incluso frenar el crecimiento del crimen organizado si se aprueba la ley de registro de beneficiarios finales y se implementan las recomendaciones de la Comisión de Integridad Pública y Transparencia».
Ahora bien, respecto a la situación regional, a la cola como los países más corruptos se sitúan Venezuela, con 13 puntos y Nicaragua (17) -con un contexto de impunidad generalizada y ausencia total de la independencia del poder judicial- y Honduras y Guatemala (23).
En una franja media, aunque de todas formas por debajo del aprobado, se sitúan Cuba (42), Colombia (40), Argentina (37), Brasil (36), República Dominicana y Panamá (35), Ecuador (34), Perú (33), El Salvador y México (31), Bolivia (29) y Paraguay (28).
El informe de TI subraya que la ausencia de independencia judicial debilita el Estado de derecho, promueve la corrupción y fomenta la impunidad de los corruptos y criminales.
En este sentido, abordar este problema resulta imprescindible para combatir la corrupción de manera eficaz y garantizar el buen funcionamiento del sistema de pesos y contrapesos, en una región -la de las Américas, que incluye 32 países- cuyo promedio se mantiene en 43, agrega la ONG con sede en Berlín.
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