Menores ingresos tendrá el fisco este año y por ello, un escenario de gasto público más estrecho. El Ministerio de Hacienda informó en el Informe de Finanzas Públicas del segundo trimestre que los ingresos previsto estarían 1,2% por debajo de lo proyectado, lo que equivale a $828.806 millones. Esto a su vez, los llevó a realizar un recorte en el gasto público de $779.404 millones (US$850 millones aproximadamente), con lo cual el alza proyectada para 2024 pasó de 4,9% a 3,9%.
La explicación de ese momento para la merma en los ingresos fue, principalmente, “una importante reducción en la proyección de recaudación de los impuestos de declaración anual para el total de los contribuyentes, por los resultados obtenidos en la Operación Renta 2024, información con que no se contaba en el informe anterior”.
A ello se sumó “la corrección a la baja en rentas de la propiedad”. Sin embargo, se mencionó que “la proyección de mayores ingresos por cobre bruto (Codelco) e imposiciones previsionales compensan cerca de la mitad de la disminución mencionada”.
Un aspecto importante que se relaciona con la evolución de los ingresos son las metas de balance fiscal, principalmente el estructural, ya que su estado permite determinar si el gobierno cumplirá con la trayectoria comprometida en el decreto de política fiscal que asume.
Una señal de alerta al respecto levantó hace unas semanas el Consejo Fiscal Autónomo (CFA). Si bien el organismo valoró que se hubiese ajustado el gasto público para 2024 a mitad de año, advirtió que no era suficiente para cumplir con la meta de déficit estructural de 1,9% del PIB que Hacienda fijó en el decreto de balance estructural para el presente ejercicio y puntualizó que ahora la proyección era de un déficit de 2,2%. “Cumplir con la meta de Balance Estructural es crucial para la estabilidad de la deuda pública y la credibilidad de la regla fiscal”, enfatizó el CFA en su documento, por lo que instó al Ministerio de Hacienda a seguir haciendo esfuerzos en esa dirección.
En tal contexto, Hacienda recogió el guante y comenzó a dar pistas de que hará un nuevo recorte presupuestario. El primero en entregar esa señal fue el ministro de Hacienda, Mario Marcel, quien dijo hace unos días en El Mercurio que “probablemente vamos a tener que hacer un ajuste adicional del gasto, porque el gobierno tiene el compromiso de cumplir con las metas fiscales”.
Esa idea fue reforzada por el coordinador Macroeconómico de Hacienda, Andrés Sansone, quien en entrevista con Pulso este fin de semana afirmó que “se están haciendo los esfuerzos necesarios para alcanzar la meta del decreto fiscal”. Esto, explicó, se traduce en que se buscarán reducir el déficit fiscal estructural del 2,2% proyectado, al 1,9% del decreto fiscal.
El nuevo ajuste
Economistas consultados en este sentido, valoraron el hecho de que Hacienda quiera cumplir con sus compromisos fiscales y que realice un nuevo esfuerzo para contener el gasto, y de esa manera velar por la sostenibilidad de las finanzas públicas.
De acuerdo a sus cálculos, en el escenario de que se mantenga la proyección de ingresos fiscales prevista en el último Informe de Finanzas Públicas, el mencionado recorte de gasto público debería ser del orden de US$1.000 millones.
Macarena García, economista de Libertad y Desarrollo (LyD), lo explicó así: “El gobierno ya anunció un ajuste por cerca de US$850 millones, pero hora debería hacer otro más por US$1.000 millones. Esto supone que los ingresos estructurales son los estimados en el último Informe de Finanzas Públicas. Con eso debiéramos llegar al 1,9% de déficit estructural este año”.
García añadió que “es difícil saber si el escenario actual de mayores ajustes en el gasto se debe a que hubo una mala estimación de ingresos, o simplemente a que el escenario válidamente presentado no se dio. Hacer proyecciones en septiembre de un año para todo el año siguiente conlleva mucha incertidumbre”.
No obstante, mencionó que esta discusión “es irrelevante si es que la autoridad cumple la meta de balance expost, es decir, una vez terminado el año. Justamente para eso es que los informes de finanzas publicas se publicar trimestralmente, para estar a tiempo para implementar los ajustes necesarios a lo largo del año”.
Un análisis similar tiene el exdirector de Presupuestos, Matías Acevedo. Lo primero que dijo es que el ajuste para cumplir la meta “es relevante”, puesto que sería de cerca US$ 1.000 millones.
“Lo que uno esperaría es que el esfuerzo que se hizo por acelerar la ejecución en inversión publica no se vea truncado por un recorte del gasto de inversión en lo que va del año. De producirse, espero que sea en el gasto corriente y no de capital”, enfatizó.
A diferencia de García, Acevedo sí considera que todo este problema se debe a la estimación de ingresos que se hizo cuando se elaboró el Presupuesto 2024: “El problema se origina efectivamente en la estimación de ingresos. Si se hubiera realizado una estimación más precisa de los ingresos estructurales, el gasto público en el proyecto de ley de presupuestos podría haberse incrementado sólo un 1,32% respecto al 2023, es decir, menos de la mitad de lo planteado por el Ejecutivo (3,5%). Esto significa unos US$ 1.800 millones menos de gasto público para el año 2024 y de deuda neta. Para poner esto en perspectiva, dicha corrección equivale al costo fiscal anual de la Pensión Garantizada Universal para 630.000 pensionados”, detalló.
¿Pero qué pasa si en la actualización del escenario fiscal se realiza otro ajuste a la baja en los ingresos? El economista senior del OCEC-UDP, Juan Ortiz, respondió que “teniendo en cuenta que la caída de los ingresos efectivos obedece fundamentalmente a la Operación Renta 2024, por efecto de una menor brecha positiva y con un precio spot del cobre levemente más bajo del US$ 4,3 la libra, los ingresos estructurales podrían reducirse nuevamente en comparación a lo estimado en junio, en cerca de 0,5% del PIB”.
Dado ese escenario, y asumiendo una reducción de los ingresos estructurales de 0,5% del PIB, Ortiz estimó que “la caída del gasto debería ser en torno a $1.800 millones aproximadamente, unos US$1.670 millones. Es decir, cerca de 0,6% del PIB. Esto, con el fin de cumplir con la meta de déficit de 1,9% del PIB del balance estructural, en vez del 2,2% del PIB”.
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