El 21 de febrero se cumple un año del secuestro y homicidio del exteniente venezolano Ronald Ojeda, quien desde fines de 2023 tenía calidad de refugiado en Chile. Y a medida que se acerca esa fecha, el Ministerio Público ha dado a conocer importantes avances en la investigación, que apuntan a la participación del gobierno de Venezuela -y de su ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello– en el encargo del crimen que habría sido ejecutado en manos del Tren de Aragua.
Se trata de una sospecha incómoda, presente desde el mismo día del secuestro del exmilitar, y que le reportó varios roces al gobierno, especialmente con el Partido Comunista.
Sin embargo, en paralelo, surge otro antecedente que la familia de la víctima busca aclarar: que no recibieron un peso de los gastos reservados del exsubsecretario del Interior, Manuel Monsalve, o de esa repartición después del asesinato.
«Dinero de los gastos reservados no han recibido jamás, y tampoco del gobierno»
El desmentido de la familia de Ojeda surge luego de que se conociera que el exsubsecretario del Interior -hoy formalizado y en prisión preventiva mientras es investigado por una presunta violación a una subalterna- usó $847 millones en gastos reservados mientras estuvo en el cargo.
La Segunda tuvo acceso a las rendiciones de esos gastos desde 2022 y según informó, una parte de esos dineros se habría destinado a la familia de Ojeda tras el crimen.
«Consultadas las personas que se relacionaron con el señor exsubsecretario y con las reparticiones de la Subsecretaría, niegan absolutamente esa situación. Por el contrario. Lo único que se recibió, me dicen, fueron unas giftcard para alimentación y algunas otras gestiones para coordinar apoyos y tratamientos psicológicos o de atención a las víctimas, pero jamás recibieron dinero en efectivo y menos de gastos reservados«, dice a El Líbero el abogado de la viuda de Ojeda, Juan Carlos Manríquez.
Las ayudas además, afirma, las recibieron desde la Fiscalía Nacional (en la línea de la protección de víctimas y testigos), por lo que familia desmiente «categóricamente que hayan recibido gastos reservados y menos en efectivo, y menos del señor Monsalve, de la Subsecretaría o por orden de él. Dinero de gastos reservados no han recibido jamás. Tampoco del gobierno para estos efectos».
Las dudas de la viuda sobre Monsalve
El detalle de los gastos reservados es algo que sólo Monsalve podrá aclarar, pues las cuentas que rinde a Contraloría y a la comisión de Inteligencia de la Cámara de Diputados son en extremo amplias y sobre ellas pesa un estricto secreto.
Sin embargo, la sola posibilidad de que el exsubsecretario haya dado a entender que parte de ese dinero discrecional lo usó en la familia Ojeda, acrecienta las dudas de la viuda sobre el exdiputado, a quien ya había anunciado que lo denunciará para que se esclarezca si el convenio de cooperación contra el crimen organizado que firmó con Venezuela en enero de 2024, ayudó a ubicar a Ronald Ojeda en Chile, facilitando su secuestro y asesinato.
«De ser efectivo que se rindieron de esa manera estos supuestos gastos, claro que aumenta la desconfianza de la viuda respecto de la intervención de ciertas personas en lo que fue la ubicación de Ronald Ojeda en Chile y particularmente la violación de su estatus de refugio. Todas estas cuestiones lo que hacen es seguir alimentando la necesidad de esclarecer cuál fue el nivel de cooperación que se pudo tener o de transferencia de información con agencias extranjeras estatales que pudieran haber facilitado la ubicación secuestro y homicidio de Ronald Ojeda en Chile», agrega Manríquez.
Sobre los últimos operativos y detenciones en Chile y el extranjero de sospechosos de haber ayudado, planificado o perpetrado el crimen, el abogado sostuvo que, si se logra «solidificar en tribunales, con nuevas evidencias, esta intervención de agentes estatales extranjeros o agentes no estatales, pero cumpliendo políticas sistemáticas de eliminación extranjeras, evidentemente lo que hay que hacer es que el gobierno comparezca y particularmente el Estado de Chile ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos» y además pida a la Corte Penal Internacional -donde el caso ya fue presentado el año pasado- órdenes de detención internacional, «de la misma manera como se solicitó en el caso de Israel-Gaza».
Las sospechas sobre el uso de los gastos reservados de Monsalve
Manuel Monsalve no sólo está siendo investigado por abuso sexual y violación, sino también por el delito de obstrucción a la investigación, infringir la Ley de Inteligencia y posibles hechos constitutivos de delitos relacionados con el uso de los gastos reservados del Interior.
Esta última arista la lleva el fiscal Francisco Jacir, de manera desformalizada, es decir, no se le ha comunicado a Monsalve qué posibles delitos en esa línea se le indagan.
La principal duda es si acaso Monsalve usó los gastos reservados para asuntos personales y no para financiar actividades relacionadas con la seguridad interna y externa del país, así como el mantenimiento del orden público, como por ejemplo, para pagar a informantes.
Alimenta esta sospecha el que el exasesor del subsecretario, Gustavo Herrera, declarara ante Fiscalía que «era muy habitual» que Monsalve usara efectivo, tanto así que «nos reíamos de eso».
En efecto, según el Hotel Panamericano -donde se hospedaba en Santiago-, pagaba en efectivo. La última boleta por cinco noches fue de $566.040.
La comida en el restaurante Ají Seco Místico ($118.000), donde invitó a la denunciante, también la pagó con billetes y al taxista que los trasladó del sector hacia el hotel, le entregó $40.000 por «las molestias» de trasladarlo a él y a la mujer en estado de ebriedad.
El 17 de octubre, cuando asumió el exministro de Justicia Luis Cordero como subsecretario del Interior, pidió abrir la caja fuerte donde se guardan las remesas de los gastos reservados, encontrándose sólo un millón de pesos, pese a que en septiembre, Monsalve había solicitado $50 millones, tal como informó la subsecretaría a la comisión investigadora del caso en la Cámara (totalizan más de $847 millones en su mandato de 30 meses):
Según Cordero, Monsalve debe rendir esos millones a más tardar a fin de enero. «Si existieron usos individuales de gastos reservados, los precedentes en el derecho chileno indican que ello genera responsabilidad penal y, en segundo lugar, responsabilidad patrimonial», sostuvo el actual subsecretario.
Un mes después de la apertura de la caja fuerte y días antes de ser detenido, Monsalve cambió su régimen conyugal con su esposa, María Eugenia Garrido, a separación total de bienes, trámite que se suele hacer para que aquellos bienes que están a nombre del cónyuge sin problemas legales, queden protegidos y lejos de la mano de la Justicia.
Posteriormente, el 10 de diciembre, se solicitó un informe sobre los gastos reservados a la Contraloría General de la República y el 26 de diciembre, se levantó el secreto bancario sobre sus cuentas.
Aún no está disponible la declaración de patrimonio e intereses de la salida del exsubsecretario en octubre pasado, sin embargo, de acuerdo con radio Bío Bío, tras su llegada a la subsecretaría, Monsalve comenzó a sub avaluar sus propiedades. Así, si en principio declaró que su departamento en Agua Santa, Viña del Mar, tenía un avalúo sobre los $75 millones, en las siguientes declaraciones aseguró que había bajado a $31,5, pese a que, por el contrario, el avalúo del lugar en el SII sólo ha ido subiendo.
La radio también informó que los fondos de su Ahorro Previsional Voluntario (APV) aumentaron $25 millones en solo cinco meses. Eso ocurrió entre octubre de 2023 y marzo de 2024, cuando se elevó de $71 millones a $95,6 millones.
No obstante, cuando se compara la primera declaración de cuando llegó al cargo en marzo de 2022 con la de marzo de 2024, el aumento es de $87 millones a $95 millones, una diferencia de $8,4 millones.
Con todo, el 2 de enero el actual subsecretario del Interior, Luis Cordero, afirmó en CNN que no hay “ningún indicio de uso indebido” de gastos reservados por parte de Monsalve y que «las herramientas más eficaces para evaluar eso están en el orden penal, no en el orden administrativo, entre otros, porque ahí hay medidas intrusivas que ni en el orden administrativo, ni en la Contraloría pueden realizar”.
Original de El Líbero
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