Diputados de la UDI solicitaron al gobierno chileno iniciar conversaciones con el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, con el objetivo de explorar la posibilidad de enviar a las cárceles salvadoreñas a extranjeros condenados en Chile, especialmente aquellos involucrados en el narcotráfico y crimen organizado, considerados de «alta peligrosidad».
Esta petición surge días después de que Bukele aceptara recibir en las prisiones de su país a migrantes indocumentados que cometan crímenes graves en Estados Unidos, como parte de un acuerdo con la administración de Donald Trump.
El secretario general de la UDI, Juan Antonio Coloma, y los diputados Cristián Labbé y Cristhian Moreira, miembros de la comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara Baja, manifestaron que sería «esencial» que el presidente Gabriel Boric, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, considerara un acuerdo similar con El Salvador.
Mediante un comunicado, los parlamentarios expresaron que «el Gobierno no puede seguir de brazos cruzados lamentándose por el aumento de la población penal extranjera y la negativa de algunos países a recibir a sus ciudadanos expulsados». En ese contexto, señalaron que, a pesar de los obstáculos con países como Venezuela y Bolivia, el Ejecutivo no ha explorado otras alternativas para abordar el problema.
«Por eso creemos que tanto el Presidente Boric como la Cancillería deberían estudiar seriamente este acuerdo entre EE.UU. y El Salvador, ya que, más allá de las diferencias ideológicas, parece ser una buena solución ante la situación actual», añadieron los diputados.
Coloma, Labbé y Moreira anunciaron que próximamente enviarán una carta formal al presidente Boric y al ministro de Relaciones Exteriores, Alberto van Klaveren, para presentar oficialmente su solicitud. Además, señalaron que citarán al ministro a la comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara para conocer la postura del Ejecutivo sobre este posible acuerdo.
Por otro lado, los parlamentarios hicieron un llamado al Gobierno a desarrollar un plan para la construcción de cárceles «exprés» que ayuden a mitigar la sobrepoblación penitenciaria y a separar a los reclusos más peligrosos. Criticaron que, pese al anuncio de una nueva cárcel de alta seguridad hace más de seis meses, no se han visto avances concretos en la materialización de este proyecto.
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