El fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios, arremetió contra el reciente fallo de la Corte de Apelaciones de Antofagasta que declaró ilegal la interceptación telefónica a Josefina Huneeus, en el marco del caso ProCultura, y presentó una apelación ante la Corte Suprema acusando “opiniones personales” y “consideraciones de orden político” por parte del tribunal.
La resolución judicial, que calificó las escuchas como “invasivas” y “carentes de interés criminalístico”, ordenó además eliminar las conversaciones interceptadas, incluyendo una con el Presidente Gabriel Boric. La corte también criticó duramente el proceder de la Policía de Investigaciones y del entonces fiscal a cargo, Patricio Cooper, por no verificar que el teléfono intervenido pertenecía a una testigo y no al imputado objetivo, Alberto Larraín, exesposo de Huneeus y fundador de la Fundación ProCultura.
Ante esta decisión, la Fiscalía Nacional traspasó el caso a la Fiscalía Regional de Antofagasta, liderada por Castro, quien como primera acción presentó una apelación al fallo, insistiendo en la legalidad de las diligencias. “No es posible advertir que lo dispuesto en las resoluciones dictadas por el Juzgado de Garantía infrinja la libertad personal y seguridad individual de la misma”, señaló, cuestionando la pertinencia del recurso de amparo acogido por el tribunal.
El fiscal también defendió la solicitud de interceptación argumentando que existían “fundadas sospechas” sobre la posible participación de Huneeus como encubridora en los hechos investigados. Además, criticó con dureza los términos utilizados en la resolución del tribunal, calificando los comentarios sobre la dictadura y la capacidad de la policía como “impertinentes” y “alejados del espectro jurídico”.
Castro pidió a la Corte Suprema revertir el fallo y, en caso de no hacerlo, solicitó que el máximo tribunal invalide los apartados del fallo que considera improcedentes por contener “opiniones personales o políticas”.
El episodio suma tensión a una investigación que ya ha salpicado a altas autoridades del gobierno y ha generado fuertes divisiones políticas en plena antesala de las primarias de junio.
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