Un informe de la Contraloría General de la República reveló que más de 25.000 funcionarios públicos viajaron fuera del país entre 2023 y 2024 mientras se encontraban con licencia médica, lo que ha provocado una ola de críticas y demandas por medidas ejemplares en el uso de recursos públicos.
Frente a esta situación, el Ministerio de Hacienda anunció la creación de un Comité Nacional de Ausentismo, encargado de establecer lineamientos y coordinar acciones que permitan prevenir y reducir el ausentismo injustificado en la Administración Pública.
Además, la directora de Presupuestos, Javiera Martínez, instruyó a todos los servicios públicos a iniciar sumarios administrativos en un plazo de 72 horas para sancionar a los funcionarios que hicieron mal uso de las licencias. El plazo para el inicio de estos procedimientos vence la noche del viernes.
Repercusiones políticas
En el Congreso, el diputado Felipe Donoso (UDI) solicitó citar al ministro Mario Marcel a la Comisión de Hacienda para que “explique cómo va a recuperar los fondos utilizados por quienes salieron del país mientras estaban de licencia”.
La senadora Luz Ebensperger (UDI) planteó que se deben investigar tres tipos de responsabilidades:
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Administrativas, con sanciones como la destitución por falta a la probidad.
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Civiles, que impliquen la devolución de los recursos mal utilizados.
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Penales, si se comprueba dolo o fraude.
Por su parte, el senador Juan Luis Castro (PS), miembro de la Comisión de Salud, se reunió con el presidente del Consejo de Defensa del Estado (CDE), Raúl Letelier, quien manifestó su disposición a defender los recursos públicos, pero aclaró que cada servicio debe primero iniciar los respectivos sumarios.
Escenarios de sanción
Según expertos, las sanciones administrativas dependerán del enfoque que adopten los organismos involucrados. “Si se busca dar una señal clara, pueden suspender o incluso despedir a los implicados”, indicó Francisco Leturia, ex presidente del Consejo para la Transparencia.
El académico Julián Ortiz, de la UDP, recordó que cada caso requiere de un procedimiento individual: “No hay procesos generales; cada funcionario tiene derecho a un sumario propio”.
Posibles delitos
En cuanto a lo penal, los abogados coinciden en que podrían existir delitos como uso fraudulento de instrumento público, fraude de subvenciones (en el caso de Fonasa) o fraude de seguro (en casos con isapres). Aunque las penas son bajas si los montos defraudados no alcanzan el umbral de 40.000 UTM, los expertos no descartan acciones judiciales.
Daño fiscal
Según Dipres, el gasto proyectado en reemplazos y suplencias para este 2024 asciende a US$350 millones. A esto se suma que, según el centro de estudios Horizontal (ligado a Evópoli), Fonasa gastó más de US$1.540 millones en licencias médicas para funcionarios del Estado solo en 2023. De ese monto, el 52,1% corresponde a trabajadores del Gobierno Central.
El caso ha abierto un profundo debate sobre la probidad, eficiencia y fiscalización del empleo público en Chile, y ha encendido las alarmas sobre el uso de licencias médicas como un eventual mecanismo de abuso.
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