En un fallo dividido, la Segunda Sala de la Corte Suprema confirmó la sentencia de la Corte de Apelaciones de Antofagasta que declaró ilegales las interceptaciones telefónicas a la psiquiatra Josefina Huneeus, ex pareja del cofundador de ProCultura, Alberto Larraín. La resolución zanja la mayor controversia legal del caso y profundiza la crisis del fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper, quien fue removido de la investigación.
Origen del conflicto
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En octubre, el número de Huneeus fue incluido erróneamente entre los teléfonos de Larraín que la jueza Sissi Bertoglio-Talap autorizó interceptar para el caso Convenios (vinculado a ProCultura).
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Al descubrirse el error, la jueza reautorizó las escuchas, esta vez específicamente hacia la psiquiatra.
La relevancia de las grabaciones
Las interceptaciones capturaron un diálogo del 14 de octubre entre Huneeus y el Presidente Gabriel Boric, donde el mandatario reveló:
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Que revisó sus equipos antiguos al estallar el caso ProCultura: «por si había alguna frase que pudiera ser perjudicial».
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Que consideró nombrar a Larraín ministro de Desarrollo Social al inicio de su gobierno: «Era cercano, no me voy a hacer el huevón con eso».
El impacto en la fiscalía: El «Factor Cooper»
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El fallo de la Corte de Antofagasta (16 de mayo) –que comparó las escuchas con «actuaciones de agentes en dictadura»– provocó la remoción inmediata de Cooper del caso ProCultura por orden del fiscal nacional Ángel Valencia.
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Su reemplazo, el fiscal Juan Castro Bekios (Antofagasta), apeló a la Suprema. La confirmación del fallo implica un duro revés para su estrategia.
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Cooper enfrenta una crisis ampliada: diputados oficialistas piden su remoción definitiva por su manejo de otras causas, como el cierre sin formalizados de la investigación por la compra de la ex clínica Sierra Bella por la exalcaldesa Irací Hassler (PC) y la arista por eventual tráfico de influencias contra la diputada Karol Cariola (PC).
Los argumentos clave del fallo (Mayoría)
La sentencia de la Suprema (ministro Llanos + abogados integrantes Valdivia y Ruiz) sostuvo:
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Derechos fundamentales irrestrictos: «La investigación penal, por regla general, no puede afectar derechos fundamentales -como el derecho a la intimidad, a la vida privada y a la inviolabilidad de las comunicaciones privadas-«.
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Alto estándar para interceptaciones: «Para concederlas el legislador exige un alto estándar de exigencias«.
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Amenaza a la libertad: Las escuchas «devienen en ilegales (…) transformándose en consecuencia en una amenaza para su libertad personal«.
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Validación de la comparación con dictadura: Consideró que la alusión en el fallo de Antofagasta fue un «argumento retórico» para reforzar sus razonamientos, no un sesgo.
La postura minoritaria
Los ministros Valderrama y Letelier defendieron la legalidad, argumentando que la jueza Bertoglio-Talap realizó un «ejercicio de valoración» válido de los antecedentes y actuó dentro del marco legal.
Análisis: Consecuencias y tensión institucional
El fallo no solo invalida pruebas clave en el caso ProCultura, sino que:
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Debilita la posición de Cooper, cuya permanencia como fiscal regional depende ahora de la decisión de la Suprema sobre su remoción definitiva.
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Refleja la tensión entre la necesidad de investigar eficazmente y el respeto irrestricto a las garantías fundamentales, sancionando lo que calificó como un estándar insuficiente en la autorización de las escuchas.
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Expone la fragilidad de la fiscalía ante errores procesales con alto costo político, agravada por el contenido sensible de las grabaciones que involucraron al Presidente.
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