Un complejo panorama enfrenta el gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, tras los últimos hallazgos de la Contraloría General de la República sobre presuntas irregularidades en el uso de recursos públicos, sumado a su vinculación al caso ProCultura y una disputa legal con una aseguradora.
Observaciones de Contraloría por presunto gasto electoral
En su más reciente informe, la Contraloría detectó pagos y contrataciones sin respaldo normativo entre enero y septiembre de 2024 en seis gobernaciones regionales, incluyendo la Metropolitana. En el caso del Gore RM, se observó el pago de más de $31 millones por asesorías supuestamente destinadas a “gestión institucional GS 2024”, pero que habrían abordado contingencia política y la campaña de reelección de Orrego.
También se identificó un gasto de más de $51 millones por trato directo sin justificación normativa, y contrataciones por $46 millones y $109 millones con deficiencias en los respaldos contractuales y la idoneidad de los proveedores.
Desde la Gobernación, se emitió una declaración pública negando “rotundamente cualquier financiamiento a la campaña del gobernador Claudio Orrego” y descartando el uso indebido de recursos públicos.
Disputa con aseguradora por proyecto “Quédate”
Orrego también enfrenta una pugna con la aseguradora Aspor S.A., a la que acusa de negarse a pagar pólizas por más de $1.000 millones relacionadas con el fallido proyecto “Quédate”, ejecutado por la Fundación ProCultura y destinado a la prevención del suicidio.
El gobernador acusó a la aseguradora de recurrir a “acciones dilatorias” para evitar el pago. Sin embargo, el gerente general de Aspor, Juan Eduardo Ovalle, respondió que la empresa ha actuado conforme a la ley y que el caso fue llevado a tribunales, donde las acciones del Gore RM han sido rechazadas en primera instancia y por la Corte de Apelaciones de Santiago.
Orrego confirmó que declaró como imputado en caso ProCultura
En medio de este escenario, Claudio Orrego reconoció haber declarado en diciembre de 2024 ante el Ministerio Público en calidad de imputado en la investigación del caso ProCultura. La causa indaga la entrega de más de $1.000 millones desde el Gobierno Regional a dicha fundación, luego de que Orrego propusiera a su fundador, Alberto Larraín, como director de la Corporación de Desarrollo Metropolitano.
Durante una sesión del consejo regional el 14 de mayo, Orrego afirmó que declaró de manera voluntaria y defendió la apertura de su secreto bancario como una medida de transparencia. “Celebro que se haya hecho. Yo soy una persona que vive de su sueldo”, sostuvo.
Rechazo a acusaciones de financiamiento irregular
En esa misma jornada, Orrego desmintió una publicación de prensa que vinculaba su cuenta del Servel al escándalo ProCultura. Explicó que la cuenta de campaña fue abierta bajo autorización del Servel y que se financió exclusivamente con créditos bancarios personales, utilizados conforme a la normativa vigente.
“La plata que ocupé para mi campaña es la plata que obtuve de los créditos públicos. Nunca en mis 35 años de servicio público me habían imputado algo tan grave y no lo voy a dejar pasar”, enfatizó el gobernador.
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