El número de narcofunerales registrados en Chile alcanzó un alarmante récord en 2024: 381 eventos en total, según cifras de Carabineros obtenidas por la Fundación Nueva Mente a través del Consejo para la Transparencia. La cifra representa un aumento del 51% en el segundo semestre del año, al pasar de 152 a 229 funerales ligados al narcotráfico.
La Región Metropolitana concentró más de la mitad de estos eventos, con 195 casos, seguida por Biobío (51), Atacama (20), Tarapacá (17), O’Higgins y Coquimbo (ambas con 16). El fenómeno se extiende desde Arica hasta Los Lagos, sin datos disponibles para Magallanes.
Uno de los casos más notorios ocurrió a fines de abril en Quilicura, durante el funeral de Carlos Acevedo, alias “Guatón Mutema”, conocido narcotraficante que controlaba parte del comercio ilegal de drogas en esa comuna. El evento fue calificado por el ministro de Seguridad, Luis Cordero, como de “extremo riesgo” y requirió un amplio despliegue policial.
El funeral provocó la suspensión de clases en tres colegios, cortes de tránsito, y vandalización de un centro de salud. Dos personas fueron detenidas durante los incidentes, lo que evidenció el impacto que estos eventos generan en la vida cotidiana de los vecinos.
Dentro de la Región Metropolitana, las comunas más afectadas fueron Maipú (44 casos), Lo Espejo (34) y Puente Alto (32). La realización de estos funerales no solo implica riesgos de seguridad pública, sino que también interfiere con el funcionamiento de servicios básicos y actividades comunitarias.
El aumento de estos rituales, que suelen incluir caravanas de vehículos, fuegos artificiales, música a alto volumen y presencia de armamento, preocupa a las autoridades por su capacidad de intimidación y validación social del narcotráfico en los territorios.
Aunque el gobierno ha impulsado medidas para enfrentar el fenómeno —incluyendo operativos de control, nuevas normativas y coordinación con municipios—, el crecimiento sostenido de los narcofunerales refleja la necesidad de acciones más contundentes y una política integral de seguridad y prevención.
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