El Consejo de Defensa del Estado (CDE) presentó una querella criminal contra el diputado por la Región de Aysén, Miguel Ángel Calisto (Ind.-Partido Demócrata), por el delito de fraude al fisco, en el marco de una investigación liderada por el Ministerio Público. La acción judicial también se dirige contra Carla Graf, Roland Cárcamo y Felipe Klein, así como contra quienes resulten responsables.
Según informó el organismo, la querella fue interpuesta ante el Juzgado de Garantía de Coyhaique, e incluye la posibilidad de que se configuren otros ilícitos a medida que avancen las diligencias de la Fiscalía.
Asesorías inexistentes y desvío de fondos públicos
De acuerdo con los antecedentes expuestos por el CDE, Carla Graf, coludida con el diputado Calisto, habría firmado una serie de contratos de prestación de servicios para asesorías parlamentarias, sin que existiera ningún respaldo o evidencia del cumplimiento efectivo de dichas labores.
- “El pago a honorarios no solo fue incrementándose en el tiempo sin justificación, sino que no contó con antecedentes que acreditaran el trabajo supuestamente realizado”, indicó el Consejo.
Además, se estableció que Graf no era reconocida como parte del equipo del diputado en la Región de Aysén, lo que refuerza la tesis de que los servicios contratados no fueron prestados, y que ello era conocido y aceptado por el parlamentario.
Más de $100 millones en perjuicio del fisco
El CDE sostiene que Calisto promovió la celebración de contratos por servicios ficticios, con el resultado de que Carla Graf recibió más de $100 millones en pagos de honorarios, causando un perjuicio directo al erario nacional.
- “El diputado incurrió en múltiples acciones de administración desleal de fondos públicos”, enfatizó el organismo en la querella.
Transferencias en época de campañas
Durante la investigación se identificaron transferencias de dinero entre los imputados Carla Graf, Roland Cárcamo, Felipe Klein y el diputado Calisto, muchas de las cuales coincidieron con períodos de campañas políticas en la región.
- “Estas maniobras habrían tenido como objetivo desviar dineros de asignaciones parlamentarias hacia fines no previstos en la ley, incluyendo gastos particulares y financiamiento electoral, todo en un contexto de conducta dolosa”, concluye el CDE.
La acción judicial marca un nuevo capítulo en los esfuerzos por fiscalizar el uso de recursos públicos en el Congreso y podría abrir la puerta a nuevas diligencias e imputaciones en los próximos días.
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