El exalcalde de Recoleta, Daniel Jadue (PC), enfrenta un escenario judicial y político cada vez más delicado. La Fiscalía Regional Centro Norte, a través de la fiscal Giovanna Herrera, ingresó el viernes 8 de agosto la acusación formal contra el militante comunista en el marco del denominado caso Farmacias Populares, causa por la cual es investigado desde 2021 por presuntos delitos de corrupción.
A pesar de los intentos de Jadue por instalar la idea de una persecución política, y de los esfuerzos de su defensa —actualmente liderada por la defensora penal pública Yessica Aguilera—, la fiscalía decidió cerrar la etapa investigativa y dar paso al juicio oral. Junto con la acusación, Herrera entregó al Tercer Juzgado de Garantía de Santiago un disco duro con la copia digital de la carpeta investigativa, lo que representa una señal clara de que el Ministerio Público está listo para avanzar hacia el juicio.
Acusación que podría truncar sus aspiraciones parlamentarias
El movimiento judicial complica directamente el futuro electoral de Jadue. El Partido Comunista ya había definido su candidatura a diputado por el distrito 9 —que incluye Recoleta—, escaño que será dejado por la actual diputada Karol Cariola, quien competirá como senadora por Valparaíso.
No obstante, su postulación ahora está en entredicho. Según la Constitución, un ciudadano pierde su derecho a sufragio si está «acusado por delito que merezca pena aflictiva», lo que a su vez lo inhabilita para ser elegido diputado, ya que uno de los requisitos es “ser ciudadano con derecho a sufragio”.
Por eso, la atención está ahora en el Servicio Electoral (Servel), que el lunes 18 de agosto publicará los padrones electorales auditados y la nómina de personas inhabilitadas para votar. Tras eso, se abre un plazo de 10 días para presentar reclamos, el cual finalizará el jueves 28 de agosto.
La defensa busca frenar el avance del juicio
Aunque la fiscal Herrera ya cerró la investigación y presentó la acusación, la causa aún no pasa completamente a la etapa de juicio oral. La razón: las defensas de Jadue y de Matías Muñoz —exsecretario ejecutivo de Achifarp, también imputado— buscarán aplazar el cierre formal de la investigación, solicitando más plazo para nuevas diligencias.
El tribunal ya acogió la solicitud y fijó una audiencia clave para el jueves 28 de agosto a las 10:00 horas, donde se discutirá si se da curso o no a la acusación.
Según la resolución firmada por la jueza Paulina Moya, se tuvo en cuenta que la defensa de Jadue presentó entre el 30 y 31 de julio un recurso de reposición y una solicitud de cautela de garantías, apuntando a establecer un nuevo plazo judicial de cierre de investigación: “Atendido lo dispuesto en el artículo 10 del Código Procesal Penal, y considerando que la defensa penal pública del imputado Óscar Jadue ha presentado (…) una solicitud de cautela de garantías (…) se fija audiencia para el día 28 de agosto de 2025, a las 10:00 horas”, señala el documento.
En paralelo, la defensa de Muñoz también adhirió a la solicitud, argumentando que aún se requieren diligencias pendientes para elaborar una teoría de defensa sólida: “Debido al interés de la defensa técnica de concretar diligencias investigativas en cautela de los derechos del imputado y de desarrollar una teoría del caso frente a un juicio oral”, se detalló.
Jadue insiste en teoría de persecución política
Durante una entrevista con la excandidata a gobernadora Karina Oliva —quien también enfrenta cargos por fraude de subvenciones—, Jadue volvió a insistir en que la causa judicial busca dañarlo políticamente. Oliva incluso sostuvo que la imputación responde al “daño causado a la industria farmacéutica” con el modelo de las farmacias populares, impulsadas durante su gestión municipal.
Sin embargo, ese relato no ha frenado el trabajo de la fiscalía, que sigue avanzando con una acusación que podría inhabilitarlo políticamente justo en la antesala del proceso electoral de 2025.
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