La Comisión de Economía del Senado retomó este martes la discusión general de los proyectos de ley que buscan modificar la normativa sobre el secreto bancario, en una sesión que contó con la participación de la contralora general de la República, Dorothy Pérez.
Durante su exposición, Pérez recalcó la necesidad urgente de que la Contraloría General pueda acceder directamente a las cuentas bancarias donde se manejan fondos públicos, advirtiendo que actualmente el acceso a esa información depende de la autorización del titular de la cuenta, un mecanismo que calificó como “no fiable desde el punto de vista de la auditoría”.
“Contar con la facultad de recurrir a la fuente directa de los datos aumentaría la confianza en la calidad, integridad y fiabilidad de la información financiera, mejoraría la transparencia y rendición de cuentas, y tendría un efecto disuasivo en materia de fraudes”, sostuvo Pérez.
Errores considerables en pagos a proveedores públicos
La contralora reveló que, entre 2024 y 2025, se han detectado “errores muy considerables en los pagos masivos a proveedores del aparato público”, situación que podría haberse evitado con acceso automatizado a la información bancaria.
“Esto podríamos detectarlo a tiempo y no en una auditoría posterior, que requiere horas de planificación y muchísimo trabajo”, lamentó.
Además, explicó que la información actualmente disponible se limita a cheques pagados desde la cuenta principal y subsidiarias de entidades públicas en BancoEstado, lo que resulta insuficiente dado que la mayoría de las operaciones son electrónicas y se realizan mediante la banca privada.
Secreto bancario y fiscalización del uso de fondos públicos
Actualmente, el artículo 154 de la Ley General de Bancos, junto con otras disposiciones legales, establece que las operaciones de depósitos y captaciones bancarias están protegidas por secreto bancario, salvo en casos de investigaciones judiciales, fiscales, tributarias o de lavado de activos, previa autorización.
En este contexto, Pérez hizo un llamado a distinguir entre recursos privados, donde debe prevalecer la privacidad, y fondos públicos, donde deben regir los principios de probidad y transparencia consagrados en la Constitución.
“Lo que estamos pidiendo es que se nos faculte a acceder a la información donde están depositados los fondos públicos que tenemos por mandato constitucional que fiscalizar”, enfatizó.
También aclaró que la Contraloría no solicita acceso a cuentas personales de funcionarios públicos, sino únicamente a cuentas institucionales donde se administren dineros del Estado.
Proyectos de ley en discusión y propuestas de la Contraloría
Actualmente, existen varios proyectos de ley en trámite sobre el secreto bancario:
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Boletines N° 14.955-03 y 15.697-03: Presentados por los senadores Alejandra Sepúlveda y Esteban Velásquez, obligan a autoridades y funcionarios a autorizar el acceso a sus cuentas por parte de organismos como la UAF, la CMF y el SII.
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Boletín N° 15.975-25: Crea un Subsistema de Inteligencia Económica.
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Boletín N° 17.038-03: Iniciativa del senador Francisco Huenchumilla, busca exceptuar del secreto bancario a ciertas autoridades.
La Contraloría propone que estas iniciativas se unifiquen en un marco normativo más claro, que amplíe el listado de autoridades obligadas y que incluya expresamente a la Contraloría entre los organismos facultados para solicitar información bancaria.
“Debería comprenderse dentro de los funcionarios sujetos a esta obligación a todo aquel que tenga la custodia o administración de recursos públicos, o cuentadantes”, indicó Pérez.
Asimismo, sugirió modificar la Ley N° 10.336, sobre Organización y Atribuciones de la Contraloría, para que tanto el contralor general como los contralores regionales puedan oficiar directamente a los bancos y obtener datos de cuentas pertenecientes a organismos públicos o instituciones que manejen fondos fiscales.
Inteligencia financiera y control preventivo
La contralora destacó que el acceso directo a la información permitiría aplicar herramientas tecnológicas avanzadas como analítica de datos e inteligencia artificial, lo que facilitaría detectar irregularidades como:
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Movimientos bancarios inusuales
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Duplicidad de pagos
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Remuneraciones fuera de rango
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Uso indebido de tarjetas institucionales
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Inversiones no autorizadas
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Transacciones con personas relacionadas
“El levantamiento del secreto bancario en determinados casos puede contribuir significativamente a la mejor fiscalización de los recursos públicos”, concluyó Pérez, reforzando la importancia de modernizar las herramientas de control para prevenir irregularidades antes de que ocurran.
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