La Fiscalía Regional de Antofagasta solicitó una condena de 10 años de presidio efectivo para la desaforada diputada Catalina Pérez, en el marco de la investigación por el caso Democracia Viva, uno de los escándalos de corrupción más significativos de los últimos años en Chile.
Según el Ministerio Público, Pérez es acusada de haber cometido tres delitos consumados de fraude al fisco, vinculados directamente a la suscripción de convenios por $426 millones entre la Seremi de Vivienda de Antofagasta y la fundación Democracia Viva.
El rol de Catalina Pérez en la operación
De acuerdo con la acusación, la parlamentaria habría sido la principal responsable de dirigir la operación que permitió la firma de los convenios durante la gestión de Carlos Contreras como Seremi de Vivienda, quien a su vez tenía un vínculo político directo con Pérez. La fundación beneficiada, Democracia Viva, era encabezada por Daniel Andrade, expareja de la diputada y también militante del mismo partido.
Junto con Pérez, la Fiscalía también solicitó la misma pena de 10 años de presidio para:
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Carlos Contreras, exseremi de Vivienda de Antofagasta
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Daniel Andrade, presidente de Democracia Viva
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Paz Fuica, exconcejala de Antofagasta
Otras penas solicitadas por el Ministerio Público
Además de la pena de presidio, la Fiscalía pidió una serie de inhabilitaciones y sanciones accesorias, entre ellas:
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Multa equivalente a la mitad del perjuicio causado
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Inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos y oficios públicos, así como derechos políticos
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Inhabilitación absoluta para ejercer profesiones titulares mientras dure la condena
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Inhabilitación perpetua para trabajar en empresas que contraten con el Estado, o con entidades donde el Estado tenga participación mayoritaria, o que presten servicios de utilidad pública
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Pago de costas del proceso
Un caso que sacudió al oficialismo
El caso Democracia Viva estalló en 2023 y generó un fuerte impacto en el oficialismo, especialmente en el partido Revolución Democrática (RD), al que pertenecían todos los implicados. Las denuncias de conflicto de interés y triangulación de recursos públicos con fundaciones afines al partido derivaron en investigaciones penales y la pérdida del fuero parlamentario de Catalina Pérez, quien fue desaforada por la Corte Suprema en 2024.
El escándalo también motivó cambios en la normativa que regula la asignación directa de fondos públicos a organizaciones sin fines de lucro y llevó a la renuncia de varios funcionarios del Ministerio de Vivienda.
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