El actor Cristián Campos se pronunció este viernes tras conocerse que la Corte de Apelaciones de Santiago ratificó su sobreseimiento total y definitivo, en el marco de la denuncia por abuso sexual presentada en su contra por Raffaella Di Girolamo, hija de su expareja, la también actriz Claudia Di Girolamo.

«El fin de una pesadilla, larga, injusta y dolorosa», escribió Campos en sus historias de Instagram, en su primera reacción pública tras la decisión judicial.

Sobreseimiento confirmado por prescripción

El fallo ratificado por la Corte de Apelaciones respalda la resolución dictada a fines de mayo por el juez Edgardo Gutiérrez, titular del 34° Juzgado del Crimen de Santiago, quien determinó el sobreseimiento total y definitivo del actor por prescripción de la acción penal.

Sobre la base de los antecedentes del proceso, respecto de la víctima R.D.F., el último de los hechos habría acaecido en el año 1995”, argumentó el magistrado.

En su resolución, el juez señaló además que: “El plazo de prescripción de cinco años entre la ocurrencia de estos y la fecha de la denuncia ha transcurrido con creces, por lo que corresponde declarar el sobreseimiento total y definitivo de la presente causa».

Campos había cuestionado la resolución inicial

Cabe recordar que, tras conocerse el fallo de primera instancia, el propio Cristián Campos había criticado duramente la decisión del juez, calificándola como “ideológica” y anunciando que apelaría a la resolución.

Estamos seguros de que revertiremos este incomprensible resultado”, manifestó entonces el actor, en alusión a que el caso no fue resuelto por el fondo de las acusaciones sino por prescripción.

No obstante, con la reciente resolución de la Corte de Apelaciones, la causa queda cerrada de forma definitiva, sin posibilidad de reabrirse judicialmente bajo las mismas acusaciones.

El caso y el rol de la Fundación para la Confianza

La denuncia fue presentada en marzo de 2024 a través de la Fundación para la Confianza, organización que ha acompañado diversas causas de abuso en Chile. La acusación apuntaba a hechos ocurridos en la década de los años 90, cuando la denunciante era menor de edad.

El caso generó un amplio debate público, debido a la notoriedad de las figuras involucradas y al complejo marco legal en torno a la prescripción de delitos sexuales cometidos contra menores de edad.

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