Un duro golpe político y judicial recibió el gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, luego de que el fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios, solicitara su desafuero en el marco de la investigación por presuntas irregularidades en las transferencias de fondos públicos a la fundación ProCultura, una de las principales aristas del caso Convenios —también conocido como Líos de Platas.
El caso: transferencias por más de $1.600 millones a ProCultura
El Ministerio Público investiga un posible fraude al Fisco y otros delitos asociados a la transferencia de $1.683.788.000 desde la Gobernación Regional Metropolitana a la fundación dirigida por el psiquiatra Alberto Larraín, para ejecutar el programa de prevención del suicidio “Quédate”.
La transferencia fue autorizada por el Consejo Regional Metropolitano en septiembre de 2022 y asignada de forma directa, sin licitación pública. La Fiscalía cuestiona la relación entre Orrego y Larraín, quien meses antes había sido propuesto por el propio gobernador como director de la Corporación de Desarrollo Regional y Turismo del GORE.
Antecedentes judiciales y fiscales
Antes de esta solicitud de desafuero, ya existía interés del Ministerio Público en el rol de Orrego. En febrero, el fiscal Ricardo Soto, del equipo anterior liderado por Patricio Cooper, había solicitado el alzamiento del secreto bancario del gobernador.
El Ministerio Público también cuestiona que ProCultura no tenía experiencia comprobada en salud mental, y que fue seleccionada debido a que su director ejecutivo, Larraín, era psiquiatra y supuestamente contaba con la capacidad técnica y financiera para ejecutar el proyecto.
Giro en la estrategia del Ministerio Público
La decisión del fiscal Castro Bekios representa un giro en el curso de la investigación. Hace solo semanas, en una entrevista con La Tercera, había señalado que aún no veía antecedentes suficientes para formalizar a Orrego. Sin embargo, ahora considera prioritario avanzar en la arista que involucra a la Gobernación Metropolitana.
La solicitud de desafuero fue presentada ante el pleno de la Corte de Apelaciones de Antofagasta, tribunal que deberá pronunciarse sobre si retira o no el fuero del gobernador. La decisión puede ser apelada ante la Corte Suprema.
En caso de ser aprobado el desafuero, el Ministerio Público podrá formalizar cargos contra Orrego e incluso solicitar medidas cautelares. También se prevé que serán imputados Alberto Larraín y la exrepresentante legal de ProCultura, la actriz María Constanza Gómez.
Defensa de Orrego reitera su inocencia
El abogado defensor del gobernador, Rodrigo de la Barra, afirmó que aún no han sido notificados de la solicitud de desafuero, pero reiteró la inocencia de su representado.
“El gobernador declaró voluntariamente ante el fiscal Cooper en diciembre de 2024 y hemos aportado todos los antecedentes relativos a los programas adjudicados y ejecutados por la fundación, así como las acciones emprendidas por el gobierno regional para la custodia y recupero de los dineros públicos asignados”, sostuvo el defensor.
Además, De la Barra subrayó que “Claudio Orrego no ha incurrido en ningún delito ni irregularidad en el ejercicio de sus funciones”, y que se mantienen a disposición del Ministerio Público para seguir colaborando con la investigación.
Contexto: la primera arremetida judicial en la arista ProCultura
Esta es la primera acción judicial concreta del Ministerio Público en contra de un alto cargo político en la arista ProCultura del caso Convenios. La solicitud de desafuero revela que la Fiscalía ya proyecta una formalización de cargos, lo que podría marcar un antes y un después en esta extensa causa que involucra a fundaciones, autoridades regionales y millones en fondos públicos.
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