La Corte de Apelaciones de Antofagasta fijó para el próximo lunes 6 de octubre a las 9:00 horas la audiencia para revisar la solicitud de desafuero presentada por el fiscal regional Juan Castro Bekios contra el gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, en el marco del denominado caso ProCultura.
El requerimiento fue ingresado por el fiscal regional de Antofagasta, quien, junto al fiscal Eduardo Ríos, busca que se revoque el fuero del gobernador, lo que permitiría formalizarlo por delitos de fraude al Fisco y solicitar medidas cautelares en su contra.
Exhorto para notificación en Santiago
Según el acuerdo del Pleno de la Corte de Apelaciones de Antofagasta, contenido en un documento firmado por su presidente, el ministro Hernán Cárdenas, se solicitó a la Corte de Apelaciones de Santiago que notifique personalmente a Claudio Orrego de la audiencia.
“Teniendo presente que el gobernador regional Metropolitano don Claudio Benjamín Orrego Larraín tiene domicilio laboral en la ciudad de Santiago, exhórtese a la Ilma. Corte de Apelaciones de Santiago, para notificarlo personalmente mediante receptor de turno”, señala el escrito.
Transferencias bajo la lupa: $1.683 millones para Fundación ProCultura
El gobernador metropolitano es investigado por su eventual responsabilidad en las transferencias de recursos públicos realizadas en 2022 por el Gobierno Regional Metropolitano (GORE RM) a la Fundación ProCultura, liderada por el psiquiatra Alberto Larraín, para ejecutar el programa de prevención del suicidio “Quédate”.
Dicha transferencia, aprobada por el Consejo Regional Metropolitano (CORE), ascendió a $1.683.788.000.
Orrego declaró como imputado en diciembre de 2024, oportunidad en la que negó cualquier irregularidad en la asignación de recursos.
Primera ofensiva formal del Ministerio Público en el caso ProCultura
Esta solicitud de desafuero constituye la primera arremetida judicial concreta del Ministerio Público en el marco de la investigación por el caso ProCultura, uno de los múltiples focos investigativos sobre eventuales irregularidades en convenios entre gobiernos regionales y fundaciones.
El paso dado por el fiscal Castro Bekios sugiere que la Fiscalía ya evalúa formalizar cargos contra Orrego, pese a que, semanas atrás, el propio persecutor había señalado que aún no contaban con todos los antecedentes necesarios.
Fuentes del caso aseguran que diligencias recientes e informes incorporados al expediente habrían sido clave para adoptar esta decisión.
/psg
