Tras varios meses de tramitación accidentada, la Cámara de Diputados despachó a ley dos proyectos electorales clave impulsados por el Gobierno: la multa por no cumplir con el voto obligatorio en elecciones y el aumento de requisitos para que extranjeros avecindados puedan votar. Ambas normas comenzarán a regir en 2026.
Multa por no votar: entre 0,5 y 1,5 UTM
El primer proyecto establece una sanción económica para los ciudadanos chilenos que no acudan a votar en las elecciones presidenciales y parlamentarias, fijadas para el 16 de noviembre de 2025.
La multa será de entre 0,5 y 1,5 UTM, es decir, entre aproximadamente $34.000 y $103.000.
El texto fue aprobado con 127 votos a favor, 7 en contra y 11 abstenciones. A pesar de los esfuerzos del Gobierno por mantener la unidad en sus filas, hubo desmarques en sectores oficialistas, incluyendo a los diputados Jaime Araya, Carlos Bianchi y Camila Musante (Ind.-PPD), así como votos en contra de Sebastián Videla (PL), Consuelo Veloso (FA), Matías Ramírez (PC) y Felix González (PEV).
Los extranjeros avecindados mantendrán su derecho a voto, pero no serán sancionados si no concurren a las urnas.
La ley establece excepciones a la sanción para quienes, el día de la elección:
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Estén enfermos.
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Se encuentren fuera del país.
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Estén a más de 200 kilómetros del lugar de votación.
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Posean alguna discapacidad, entre otros casos que serán considerados como eximentes.
Posturas divididas en la Cámara
El jefe de bancada Ind.-PPD, Héctor Ulloa, expresó su rechazo al proyecto, cuestionando su oportunidad y contenido: “Estamos legislando a última hora y, sobre todo, en un proceso electoral que ya se encuentra en marcha”, señaló.
Criticó además el alto monto de la multa considerando la realidad económica del país y acusó incoherencia en sectores de derecha respecto al voto de migrantes: “Cuántas veces hemos escuchado a la ultraderecha decir que no quieren migrantes en salas de clases o consultorios, pero ahora les piden que voten”.
Desde otra vereda, el diputado Raúl Leiva (PS) defendió la norma apelando a la responsabilidad política: “Los compromisos se respetan y se cumplen. El regular el voto obligatorio y una sanción asociada es un imperativo constitucional y ético”.
A su vez, el diputado Henry Leal (UDI) argumentó: “Lo importante es que simplemente cumplamos con la Constitución, que señala que el voto es obligatorio. Y todos sabemos que si no hay multa asignada, no es voto obligatorio”.
Más exigencias para el voto de extranjeros
El segundo proyecto aprobado modifica los requisitos para que los extranjeros avecindados en Chile puedan ejercer el derecho a sufragio. Fue respaldado por 142 votos a favor y 4 abstenciones.
Entre los principales cambios:
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Se aumenta de 5 a 10 años el período de residencia ininterrumpida en Chile para poder votar.
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Solo se considerará “avecindado” al extranjero que haya obtenido residencia definitiva.
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Durante el período de residencia exigido, no podrán haber salido del país más de 90 días en un período de 12 meses.
Estas modificaciones también entrarán en vigor en 2026, y se establecerá un marco sancionatorio para quienes incumplan con el deber de sufragio, el cual será detallado mediante una ley futura.
Ambas iniciativas forman parte del acuerdo político alcanzado en el Senado por el Gobierno, y su aprobación conjunta fue condición clave para conseguir el respaldo del oficialismo. Con esto, se busca dar certeza jurídica y operativa al proceso electoral de 2025.
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