El Fiscal de Alta Complejidad de Antofagasta, Eduardo Ríos Briones, presentó un recurso de apelación en contra de la resolución del juez Hans Eladio Durán, quien acogió un incidente de incompetencia presentado por la defensa del gobernador metropolitano Claudio Orrego Larraín, en el marco de la investigación por el caso Procultura.
La polémica decisión judicial trasladó la causa al 7º Juzgado de Garantía de Santiago y condenó en costas al Ministerio Público, lo que generó un nuevo flanco judicial en una investigación que apunta a delitos de corrupción, fraude al fisco y lavado de activos.
Dudas sobre el criterio del juez y falta de fundamentos
En el documento presentado, la Fiscalía de Antofagasta cuestiona duramente los argumentos del juez para cambiar la competencia territorial del caso. “Su Señoría Ilustrísima, nos encontramos nuevamente en una evidente infracción al deber de fundamentación del artículo 36 del Código Procesal Penal”, señala el recurso de apelación.
El fallo judicial sostiene que la oposición del Ministerio Público “carecía de sustento normativo suficiente y resultaba manifiestamente infundada”, una afirmación que la Fiscalía rechaza, señalando que se incurre en errores de derecho y que la resolución fue dictada en una etapa procesal impropia, antes de que se resolviera el eventual desafuero del gobernador Orrego, autoridad que actualmente goza de fuero constitucional.
Confusión entre competencia y fuero
Uno de los principales argumentos de la apelación es que el juez confundió dos figuras jurídicas distintas: el fuero y la competencia territorial. A juicio del fiscal Ríos, el tribunal resolvió anticipadamente sobre una materia que corresponde discutir una vez resuelto el desafuero, y no antes, como ocurrió en esta instancia.
Además, se reclama que la resolución desconoce la regla de prevención judicial establecida en el artículo 159 del Código Orgánico de Tribunales, que permite radicar en un mismo tribunal las causas complejas y de carácter multiterritorial. La Fiscalía de Antofagasta recuerda que ha sido esa misma jurisdicción la que desde 2023 ha autorizado diligencias intrusivas como allanamientos, interceptaciones y levantamiento de secreto bancario, lo que consolida su competencia para conocer la causa.
Fallo incorporó argumentos no expuestos por la Fiscalía
Otro punto que causa molestia en el Ministerio Público es la incorporación, por parte del juez, de expresiones que nunca fueron pronunciadas en audiencia. En particular, se refiere a la supuesta “conveniencia” de mantener la causa en Antofagasta, argumento que el magistrado atribuyó a la Fiscalía. La entidad persecutora solicitó rectificar el acta por considerar que se trató de una falacia argumentativa, pero el juez se negó a realizar la corrección.
Designación arbitraria del tribunal capitalino
La apelación también objeta que el juez no fundamentó por qué eligió específicamente al 7º Juzgado de Garantía de Santiago, descartando sin explicación a otros tribunales que podrían haber conocido la causa. Para el Ministerio Público, esta elección carece de motivación jurídica válida y vulnera el deber de fundamentación de las resoluciones judiciales.
Próximos pasos
Será el mismo tribunal el encargado de analizar el recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía de Antofagasta. La decisión que adopte podría redefinir la sede judicial donde se tramitará esta investigación que involucra a altas autoridades y fundaciones cuestionadas por malversación de recursos públicos.
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