En una decisión salomónica, la tercera subcomisión mixta de Presupuestos resolvió este miércoles no someter a votación la partida del Ministerio de Relaciones Exteriores (Minrel) y derivarla directamente a la siguiente etapa legislativa. La medida buscó evitar un rechazo frontal por parte de la oposición, que había decidido bloquear nuevas partidas ante la falta de claridad en diversos cálculos del Ministerio de Hacienda, incluyendo la estimación del próximo reajuste salarial del sector público, ítem que este año no fue incorporado al proyecto de Ley de Presupuesto 2026.
Sin embargo, la Cancillería enfrentó críticas adicionales, especialmente por parte de los parlamentarios opositores que integran la subcomisión. Uno de los puntos más controversiales fue la exigencia de transparentar el eventual costo de una posible campaña de la expresidenta Michelle Bachelet para la Secretaría General de la ONU.
Durante la primera sesión donde se revisaron los recursos del Minrel, el canciller Alberto van Klaveren prometió una campaña austera, aunque señaló que era difícil entregar una cifra “exacta” del gasto que podría implicar. No obstante, se comprometió a enviar antecedentes a la comisión, lo cual ocurrió finalmente la noche del miércoles.
Gobierno define como “reservado” el costo de la campaña
En el documento enviado —una minuta sin firma— la Cancillería señaló que el costo de la campaña se considera “información sensible y de interés nacional”, lo que implica darle carácter reservado.
“Desde un punto de vista presupuestario, la austeridad de la campaña impulsada por Chile implica que la candidatura será financiada con los recursos disponibles del presupuesto regular de la Cancillería, subtítulos 21 y 22 del año 2026, empleando las capacidades instaladas en las misiones de Chile en el exterior, así como considerando las invitaciones de organismos internacionales y gobiernos organizadores de eventos”, señala el oficio.
Agrega además que: “En la actualidad resulta complejo estimar con precisión los costos que implicará esta campaña en el presupuesto 2026, habida cuenta de que:
I. Nos encontramos en una etapa temprana del proceso, estando en curso la planificación de las acciones y viajes mediante las que se desarrollará esta candidatura.
II. Esta información puede considerarse de interés nacional, cuyo conocimiento por terceros resulta un elemento sensible”.
Críticas de la oposición: “Insólito y opaco”
La respuesta de la Cancillería generó fuerte molestia en la oposición, que acusó al Ejecutivo de ocultar información clave y evadir el escrutinio público.
“Resulta insólito que el gobierno declare ‘sensible’ el costo de la campaña de Michelle Bachelet a la ONU. Parece que ahora cuánto se gasta en promover a una expresidenta es más secreto que las capacidades de nuestras Fuerzas Armadas o de Carabineros”, cuestionó el diputado Agustín Romero (Partido Republicano).
El senador Gustavo Sanhueza (UDI), presidente de la tercera subcomisión, también expresó su rechazo: “Antes de votar la partida del Ministerio de Relaciones Exteriores pedimos claridad sobre dos temas que siguen sin respuesta. Por un lado, el eventual retiro del bono de escolaridad que reciben los funcionarios en el extranjero. Por otro, preguntamos cuánto costará la campaña de Bachelet. Nos respondieron que es prematuro estimarlo. No se puede avanzar mientras no haya información concreta sobre ambos puntos”.
Desde Renovación Nacional, la diputada Carla Morales, subjefa de bancada, advirtió que se trata de una situación grave: “Este gobierno ha sido el que más ha abusado de las sesiones secretas para evitar que información pública salga a la luz. Aquí se está pasando a llevar la Constitución y la Ley de Transparencia al invocar genéricamente el concepto de ‘interés nacional’ sin ajustarse a la legislación vigente. Si insisten en esconder el costo de esta campaña, pediremos un dictamen al Consejo para la Transparencia”.
Marco legal y vacío de transparencia
La polémica gira en torno al artículo 8° de la Constitución, que establece que los actos y resoluciones de los órganos del Estado son públicos, salvo que una ley de quórum calificado disponga lo contrario. La respuesta del Ministerio de Relaciones Exteriores no alude a una norma específica, lo que llevó a los parlamentarios a cuestionar la validez legal del carácter reservado del dato.
La oposición ha sugerido que el Gobierno, en lugar de ocultar el antecedente, podría solicitar una sesión secreta del Congreso, como ocurrió durante la discusión presupuestaria con las carteras de Seguridad y Defensa.
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