El Gobierno de Chile concretó este martes un cambio histórico en el sistema penitenciario nacional, tras la publicación en el Diario Oficial del decreto que modifica el estatus del penal Punta Peuco, el recinto donde hasta ahora cumplían condena exagentes del Estado por delitos de violaciones a los derechos humanos cometidos durante la dictadura militar.
El Presidente Gabriel Boric celebró la medida luego de que la Contraloría General de la República tomara razón del decreto, destacando que con ello se activan diversas tareas para que el penal deje de ser un establecimiento exclusivo para ese tipo de internos.
Entre los considerandos clave del decreto destacan dos puntos: el derecho a la igualdad ante la ley y el reconocimiento de que “ya no resulta plausible mantener un establecimiento penitenciario especial de las características” de Punta Peuco.
“Un paso hacia la justicia y la igualdad”
El Mandatario explicó que el principio que guía la decisión es avanzar en justicia e igualdad ante la ley, además de optimizar recursos en medio de la sobreocupación carcelaria que afecta al país.
“El establecimiento quedará a disposición de las necesidades del país, en particular del desafío que enfrentamos en materia de seguridad”, señaló Boric.
Por su parte, el ministro de Justicia, Jaime Gajardo, enfatizó que este cambio pone fin a los penales especiales para condenados por violaciones a los derechos humanos.
“Lo principal es que ya no existirán penales especiales para que personas que fueron condenadas por graves violaciones a los derechos humanos cumplan sus condenas. Eso es lo más importante”, sostuvo.
Gajardo recordó además que en 2013, bajo el gobierno de Sebastián Piñera, se dio un paso previo con el cierre del penal Cordillera, y que ahora, con Punta Peuco, se cierra definitivamente esa etapa.
Principales cambios del nuevo Centro de Cumplimiento Penitenciario Tiltil
Tras la entrada en vigor del decreto, el recinto pasará a llamarse Centro de Cumplimiento Penitenciario Tiltil, y se implementarán las siguientes modificaciones:
-
Permanencia de los actuales internos: Los condenados que actualmente cumplen penas en el penal no serán trasladados a otros recintos.
-
Recinto exclusivo para hombres: El establecimiento mantendrá su carácter masculino.
-
Capacidad y ampliación: La cárcel tiene capacidad para 133 personas, pero actualmente alberga 141 reclusos. Se habilitarán 32 nuevas plazas distribuidas en cuatro módulos, alcanzando un total de 165 cupos.
-
Nuevos ingresos: Los nuevos espacios podrán ser utilizados por internos definidos por Gendarmería, priorizando a adultos mayores o con bajo compromiso delictual.
-
Condenados por delitos de lesa humanidad: En adelante, podrán cumplir condena en cualquier cárcel del país, incluida Tiltil, según lo determinen los tribunales y Gendarmería.
-
Obras en ejecución: Se construyen nuevos espacios para visitas, una sala de televigilancia, cuatro módulos adicionales, una sala de ingresos y mejoras en las instalaciones eléctricas.
-
Régimen de visitas: Gendarmería elaborará un nuevo reglamento, ya que las visitas se realizaban en zonas no habilitadas para ese fin.
-
Regulación de electrodomésticos: Se limitará la tenencia de artefactos eléctricos, dado que actualmente existen 73 televisores, 29 electrodomésticos, 75 colchones particulares, 74 calefactores, 10 lavadoras o secadoras y 105 refrigeradores dentro del penal.
Reacciones y resistencia judicial
Pese a las justificaciones del Ejecutivo, la medida ha generado resistencia entre los internos y sectores opositores.
El abogado Raúl Meza, de la Fundación Verdad y Justicia, presentó un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Santiago en representación de los condenados, calificando el decreto como “ilegal y arbitrario” y alegando que vulnera los derechos constitucionales a la vida y a la integridad física y psíquica de los reclusos.
Desde el gobierno, el ministro Gajardo desestimó estas acusaciones: “Para que proceda un recurso de protección debe existir un acto arbitrario o ilegal, y en ningún caso el Ejecutivo ha actuado fuera de sus facultades. El Ministerio de Justicia tiene la potestad legal para crear, modificar o cerrar establecimientos penitenciarios, lo que fue visado por Contraloría”, señaló.
El ministro agregó que lo anómalo era mantener un penal especial para un grupo de criminales vinculados a un periodo histórico específico, lo que contradice el principio de igualdad ante la ley.
Recurso del municipio de Tiltil
La controversia también alcanzó al ámbito local. El alcalde de Tiltil, César Mena (Ind. republicano), anunció que el municipio presentará acciones judiciales contra el decreto.
“Esto no es más que un guiño político que le está haciendo el Presidente a la candidata Jeannette Jara para subir en las encuestas, pero le está haciendo un daño enorme a nuestra comuna”, afirmó.
El edil adelantó que este jueves ingresarán un recurso de amparo y que evalúan recurrir además al Tribunal Constitucional, argumentando que la medida “vulnera los derechos humanos de los habitantes de Tiltil”.
Asimismo, advirtió que la comunidad se está organizando para protestar y presentar recursos judiciales contra la transformación del penal.
Con la reconversión de Punta Peuco, Chile pone fin a la existencia de recintos penitenciarios especiales y avanza hacia un sistema carcelario unificado, donde todas las personas condenadas, sin distinción, cumplan sus penas bajo las mismas condiciones legales y administrativas.
/psg
