El Estado de Chile fue condenado a pagar una indemnización cercana a los $500 millones a los propietarios de la ex Fuente Alemana, tras una demanda por “falta de servicio” asociada a los hechos de violencia ocurridos en el contexto del estallido social de 2019.
Según el dictamen del 24º Juzgado de Garantía de Santiago, la suma total asciende a $475.632.333, de los cuales $420.632.333 corresponden a lucro cesante. A ello se agregan indemnizaciones por daño moral en favor de Claudio Siri Iglesias ($15 millones), Carlo Siri Scolari ($30 millones) y Paula Andrade Ifchenko ($10 millones).
Daño moral acreditado
En la resolución, el tribunal señala que “solo pueden tenerse por acreditado el daño moral padecido por don Carlos y don Claudio Siri, y por doña Paula Andrade”, destacando especialmente el caso del primero.
El fallo indica que Carlo Siri fue quien enfrentó mayores episodios de violencia, exposición reiterada a agresiones y consecuencias psicológicas demostradas mediante un informe pericial, el cual fue considerado determinante en la resolución judicial.
Fundamentos de la demanda
Los demandantes explicaron que su acción —inicialmente por un monto cercano a $1.200 millones— se sustentaba en que, tras el 18 de octubre de 2019, ocurrieron en Santiago manifestaciones masivas, hechos de violencia, incendios, saqueos y ataques a inmuebles públicos y privados.
La Plaza Baquedano, epicentro de estas protestas, se encuentra a escasos metros de la Antigua Fuente, ubicada en Avenida Libertador Bernardo O’Higgins Nº 58, donde la familia Siri y sus antecesores desarrollaron su actividad gastronómica por más de 50 años.
El dictamen recoge que el periodo de convulsión llevó a las autoridades a decretar estado de excepción constitucional de emergencia en la Región Metropolitana y luego en gran parte del país.
“El Estado bajó los brazos”
En la demanda también se sostiene que, incluso después del fin del estado de excepción y de la normalización paulatina del país, el entorno de Plaza Baquedano permaneció en un “estado permanente y constante de violencia”, afectando directamente la operación del local.
Los querellantes argumentaron que “el Estado de Chile sencillamente bajó los brazos, dejando a su suerte a sus habitantes y locatarios por un tiempo superior a dos años”, situación que solo se vio interrumpida por las cuarentenas y restricciones impuestas durante la pandemia de Covid-19.
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