Un significativo despliegue militar fue implementado por el gobierno peruano desde el sábado en su frontera con Chile, en una medida que trasciende la mera gestión migratoria y se enmarca en un escenario regional complejo. Esta acción es la respuesta operativa al endurecimiento de las políticas de protección impulsadas por el presidente peruano José Jerí, y coincide con un aumento inusual del flujo de migrantes que, desde Chile, intentan retornar principalmente a Venezuela. La coyuntura ha expuesto procedimientos burocráticos rigurosos —como la solicitud de documentos de expulsión que muchos no poseen— y la precaria situación documental de numerosos individuos en condición irregular.
Los orígenes de este movimiento poblacional son multifactoriales y reflejan tensiones tanto internas como internacionales. Por un lado, medios peruanos y testimonios en terreno señalan el impacto de la advertencia del candidato presidencial chileno José Antonio Kast, quien instó a migrantes irregulares a salir antes del 11 de marzo bajo la amenaza de una expulsión severa. Por otro, los migrantes mismos citan motivaciones personales como reunirse con sus familias en fin de año o buscar mejores oportunidades. Sin embargo, un factor de mayor escala geopolítica se superpone: la ofensiva de Estados Unidos contra el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. Esta presión ha generado un cálculo dual entre la población venezolana: algunos apuestan por un retorno ante una eventual caída del gobierno, mientras que otros anticipan un nuevo éxodo masivo si la tensión escalara, generando así una incertidumbre que reverbera en toda Sudamérica.
La preocupación regional fue explicitada esta mañana por el ministro chileno de Seguridad Pública, Luis Cordero, quien señaló que existe “una preocupación en todos los países de la región” respecto a los posibles efectos de la crisis venezolana. En entrevista con Radio Cooperativa, Cordero analizó que el conflicto entre Estados Unidos y Venezuela podría actuar como un factor de “contención” migratoria o, por el contrario, generar nuevos flujos masivos, una contingencia para la cual Chile y sus vecinos deben prepararse. Su declaración subraya la percepción de una crisis latente con potencial desestabilizador regional.
Expertos internacionales profundizan en este análisis. Mladen Yopo, analista internacional, advierte que la embestida de Donald Trump, más allá de impulsar un éxodo, “podría generar una presión en las fronteras y nuevas migraciones masivas”. No obstante, señala que el conflicto probablemente se mantendría dentro de un “conflicto de tolerancia”, donde ambas partes actuarían con cautela para evitar un desorden inmanejable, el cual, aun así, ejercería presión sobre las fronteras circundantes. En contraste, Claudio Coloma, analista internacional de la UDLA, argumenta que el principal motor migratorio sigue siendo el colapso económico venezolano, exacerbado por las sanciones estadounidenses. Coincide, sin embargo, en que los países pueden recurrir al cierre o endurecimiento fronterizo ante la hipótesis de un conflicto militar, una decisión sujeta a la política soberana de cada Estado.
La dimensión política interna peruana emerge como un factor crítico para entender la severidad de la respuesta. El presidente José Jerí, quien asumió el cargo en octubre tras la destitución de Dina Boluarte y lidera un gobierno denominado de “transición” hasta las elecciones de 2026, podría encontrar en esta crisis una oportunidad electoral. Al desplegar una postura firme en la frontera, Jerí apela a un sentimiento de seguridad y soberanía que resuena en un electorado sensible. Mladen Yopo sostiene que las migraciones masivas suelen generar “elementos de xenofobia y nacionalismo” que impactan directamente en los procesos electorales. Jerí, al capitalizar el tema de la seguridad —una batalla campal en la política global contemporánea—, busca consolidar su imagen y base de apoyo.
Claudio Coloma y Jorge Sanz, analista internacional de la UDD, refuerzan esta lectura. Coloma señala que Jerí tiene una “política bastante proactiva respecto a cómo resguardar su propia sobrevivencia en el poder”, siendo “expedito” en el control fronterizo. Sanz coincide, afirmando que al actuar de manera visible en la frontera, Jerí “puede demostrar como que es el único que ha hecho algo y eso efectivamente le puede entregar votos”, formando parte de un “diseño electoral” deliberado.
En conclusión, la situación en la frontera Perú-Chile es un síntoma de capas superpuestas de crisis: la vulnerabilidad de las poblaciones migrantes, la presión geopolítica ejercida desde Washington sobre Caracas, y el cálculo político doméstico de líderes que instrumentalizan el control fronterizo para afianzar su poder. Más que un evento aislado, este episodio revela la creciente securitización de las políticas migratorias en la región y su uso como herramienta de legitimación política ante electorados ansiosos por orden y estabilidad.
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