La aprobación por parte del Senado de la Acusación Constitucional contra el ministro suspendido de la Corte Suprema, Diego Simpertigue, representa mucho más que la remoción de un magistrado. Constituye un hito revelador en una crisis de legitimidad profunda y sistémica que erosiona los cimientos del Poder Judicial chileno, marcando una secuencia de caídas que expone mecanismos de influencia, conflictos de interés y una fractura en la ética institucional.
El proceso, impulsado por el oficialismo y respaldado por votaciones unánimes y mayoritarias en ambas cámaras, demuestra un raro consenso político frente a conductas percibidas como incompatibles con la judicatura. La acusación se centró en dos capítulos clave aprobados: el «notable abandono de deberes» por recibir beneficios ilegítimos del consorcio chileno-bielorruso Belaz Movitec —empresa vinculada a millonarios contratos con Codelco— y su rol en el caso Fundamenta. Las evidencias son concretas: Simpertigue votó a favor de la empresa en dos ocasiones (septiembre de 2023 y marzo de 2024) y, posteriormente, participó en cruceros de lujo por Europa junto a Eduardo Lagos, uno de los abogados del consorcio —hoy en prisión preventiva—. Este patrón de aparente confraternización y reciprocidad socava el principio de imparcialidad, pilar esencial de la administración de justicia.
La defensa del magistrado, basada en la «buena fe» y la ausencia de «irregularidades» en el momento de los hechos, contrasta con la lectura política y ética del legislativo. Como analizan expertos en derecho constitucional, la figura del «notable abandono de deberes» no requiere necesariamente la configuración de un delito penal; basta con una grave transgresión a los deberes funcionales y la probidad esperada de un ministro de la Corte Suprema. La secuencia cronológica entre los fallos y los viajes, sumada al contexto de investigaciones paralelas por coimas —que involucran a la ya destituida magistrada Ángela Vivanco—, configuran un cuadro de apariencias deleznables que el Senado ha considerado intolerable.
El contexto de una crisis sistémica
La destitución de Simpertigue no es un evento aislado, sino el episodio más reciente de una cascada de desprestigio. Esta crisis se ha materializado en:
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La destitución de la ministra Ángela Vivanco (octubre 2024) por su rol en la «trama bielorrusa» y gestiones irregulares.
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La remoción del ministro Sergio Muñoz por el Congreso, también en octubre de 2024, por filtraciones y omisiones.
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La destitución de los ministros Antonio Ulloa y Verónica Sabaj por favores al ex convencional Luis Hermosilla.
Este patrón repetitivo sugiere fallas estructurales en los mecanismos de control interno, autorregulación y transparencia dentro del Poder Judicial. En este escenario, la elección de Gloria Ana Chevesich como nueva presidenta de la Corte Suprema es interpretada por analistas como un reconocimiento tácito de la necesidad de un liderazgo orientado a restaurar la credibilidad y fortalecer los marcos de probidad.
La trayectoria y la paradoja
El perfil biográfico de Simpertigue añade una capa de profunda paradoja a su caída. Su origen en Arica, su formación con esfuerzo en la Universidad de Chile y su ascenso desde cargos subalternos en 1983 hasta la Suprema en 2022, encarnaban una narrativa de mérito y movilidad social. Su historia, frecuentemente citada por él mismo, resaltaba la superación personal y el valor de la educación pública. Esta trayectoria hace que su presunto vínculo con privilegios y circuitos de favoritismo no sea solo una falta administrativa, sino un quiebre simbólico con los principios que su propia biografía parecía representar.
Conclusión analítica
La destitución de Diego Simpertigue ratificada por el Senado trasciende lo individual. Es un síntoma de una crisis de gobernanza judicial que requiere una reformulación profunda de los protocolos de ética, transparencia y vigilancia externa. El caso expone cómo las relaciones entre magistrados, abogados y partes empresariales pueden generar zonas grises donde la independencia judicial se pone en entredicho. Si bien la remoción actúa como un correctivo necesario y envía un mensaje de accountability, la verdadera prueba para el Poder Judicial será si este episodio —junto con los anteriores— cataliza una auténtica depuración y reforma institucional, o si simplemente se archivará como otro capítulo más en una lista creciente de desaciertos. La legitimidad del tercer poder del Estado, ya resquebrajada, depende de la capacidad de traducir estas destituciones en un nuevo contrato ético con la ciudadanía.
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