En el Palacio de La Moneda ya comenzaron los movimientos formales para el cierre de la actual administración encabezada por el Presidente Gabriel Boric, de cara al arribo de los equipos del Presidente electo, José Antonio Kast, quien asumirá el mando el próximo 11 de marzo.
Una de las primeras medidas adoptadas en este proceso de transición fue la instrucción para que todas las personas que ocupen cargos de confianza presenten obligatoriamente su renuncia. La directriz quedó establecida en un oficio emitido por el Ministerio del Interior, encabezado por el ministro Álvaro Elizalde, y firmado además por los titulares de Hacienda, Nicolás Grau, y de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), Macarena Lobos.
Como contraparte política del proceso de traspaso de información al gobierno entrante, el Presidente electo designó a Claudio Alvarado como su representante.
Renuncia obligatoria de cargos de confianza
El documento define como personal de confianza a quienes prestan asesoría directa en los gabinetes del Presidente de la República, ministros, subsecretarios, delegados presidenciales, seremis y jefes de servicio. Todos ellos deberán presentar su renuncia, independientemente de la modalidad de contratación bajo la cual se desempeñen —ya sea planta, contrata u honorarios.
Esta decisión marca un quiebre con instructivos anteriores, en los que la salida del personal de confianza era sugerida, pero no establecida como una instrucción explícita. Durante el gobierno anterior, por ejemplo, se elaboró una minuta en la que la renuncia se recomendaba, pero no se exigía formalmente.
Desde el Ejecutivo se precisó que la medida debe respetar las normas de fuero maternal. Asimismo, se fijó plazo hasta el 27 de febrero para que las autoridades informen a la Dirección de Presupuestos (Dipres) el número de asesores de gabinete contratados al 31 de enero de 2026.
Cuántos son los cargos de confianza en el Estado
De acuerdo con cifras recopiladas por el centro de estudios Pivotes, en el gobierno central existirían actualmente 2.449 cargos de confianza. Estos puestos forman parte del organigrama ministerial y tienen un estatus especial dentro de la administración pública.
Según explica Pedro Peña, abogado laboral y cofundador de SoyHonorario, “los cargos de exclusiva confianza no gozan de estabilidad laboral ni tienen derecho a hacer carrera funcionaria, a diferencia de los cargos de planta”. Se trata, añade, de cargos excepcionales, ocupados por personas que dependen directamente de la confianza de la autoridad de turno.
El estudio de Pivotes también advierte que por cada cargo de confianza existe, en la práctica, un número adicional de asesores, quienes también cumplen funciones de exclusiva confianza. Estos asesores —que realizan labores políticas, jurídicas y comunicacionales— alcanzarían hoy cerca de 8.000 personas, y comparten el carácter temporal de sus funciones.
Propuestas para reducir la discrecionalidad
El número de cargos de confianza ha sido objeto de debate permanente en el ámbito académico y político. Diversos centros de estudio y universidades han propuesto reducir significativamente estas cifras, con el objetivo de disminuir la discrecionalidad en la administración del Estado y fortalecer la función pública.
Pivotes, por ejemplo, plantea que los cargos de confianza no superen el 0,5% de la dotación máxima autorizada del sector público, con un total de 937 cargos, mientras que los asesores de confianza se reducirían a unas 2.500 personas.
En tanto, una propuesta presentada en 2025 por la Universidad San Sebastián sugería recortar en 70% la cantidad de asesores de confianza contratados a honorarios, fijando un máximo de 300 cupos por gobierno. Frente a este escenario, el ministro Elizalde fue categórico al señalar que “los funcionarios que vayan a permanecer en sus cargos que tengan labores de confianza o de apoyo directo, cero. Así de simple”.
La situación de los trabajadores a honorarios
Otro foco de preocupación en el proceso de cambio de administración es la situación de los trabajadores a honorarios, uno de los grupos más expuestos ante la salida de un gobierno.
Según datos de la Dirección de Presupuestos, a septiembre de 2025 el Gobierno Central registraba 534.807 cargos efectivos. De ese total, 32.457 correspondían a personal a honorarios, 294.145 a contrata y 117.928 a planta.
A nivel del Sector Público en su conjunto, la cifra asciende a 1.112.112 cargos, con un 22,4% de puestos transitorios. La mayor concentración se encuentra en la Administración Central (45,8%), seguida por las municipalidades (42,2%), universidades y CFT estatales (5,4%), empresas públicas (4,2%), organismos autónomos (2,3%) y otras instituciones públicas (0,1%).
Especialistas advierten que una parte relevante del funcionamiento del Estado descansa en vínculos laborales menos estables, por lo que han planteado la necesidad de que la transición incorpore un Protocolo de Continuidad Laboral y de Servicios. Este incluiría criterios públicos de renovación o no renovación, calendarización anticipada y priorización explícita de funciones críticas como salud, educación, programas sociales y operación territorial.
La señal de la Ley de Presupuestos y la polémica “ley de amarre”
Pedro Peña subrayó que el propio Estado ya ha reconocido el problema: la Ley de Presupuestos 2025 fijó en 6.500 el número máximo de personas que pueden pasar de honorarios a contrata, estableciendo criterios y reglas para dichos traspasos. “Eso demuestra que el problema existe y que puede abordarse con instrumentos formales, no con decisiones políticas”, afirmó.
En paralelo, se ha instalado un intenso debate por la denominada “ley de amarre”, impulsada por el Ejecutivo en el marco del reajuste al sector público. La norma restringe la no renovación de contratas, exigiendo un acto administrativo fundado, con criterios objetivos y acreditables.
Además, permite que funcionarios con al menos dos años de servicios continuos puedan reclamar ante la Contraloría General de la República por vicios de legalidad en caso de no renovación. La oposición ha criticado duramente la iniciativa, acusando al Gobierno de intentar “dejar amarrados” a funcionarios cercanos al Presidente.
Nuevas medidas y ampliación del rol de empresas públicas
El proyecto de reajuste también incorpora nuevas medidas de gestión del Estado, entre ellas el traspaso de 71 funcionarios del MOP a la Subsecretaría de Obras Públicas, la creación de 17 cargos de planta en la Dirección de Obras Hidráulicas y seis puestos de Alta Dirección Pública en el Instituto de Previsión Social (IPS).
A esto se suma la ampliación del giro de empresas públicas: se autoriza a Enap a participar en toda la cadena de producción del hidrógeno verde, y a Correos de Chile a desarrollar prestaciones logísticas físicas, digitales o híbridas, ampliando su campo de acción en el mercado.
- Esta noticia fue redactada utilizando los adelantos técnicos propios de este sitio web. Se acepta cualquier reproducción en otro medio, ojalá citando la fuente:www.eldiariodesantiago.cl
/psg
