La detención de la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, por la Brigada de Delitos Económicos (OS7) de Carabineros, constituye un episodio sin precedentes en la historia judicial chilena. Este hecho, derivado de una querella de capítulos acogida por el máximo tribunal, materializa el principio de responsabilidad de jueces y fiscales por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones, exponiendo una crisis de profundas dimensiones institucionales. Vivanco, removida en 2024 en el contexto del «caso Audios», enfrenta su formalización por los delitos de cohecho y lavado de activos, acusada de favorecer al consorcio chileno-bielorruso Belaz-Movitec durante su desempeño en la Tercera Sala.
El origen del escándalo se remonta a 2021, cuando Belaz-Movitec obtuvo un contrato con Codelco por US$242 millones para el proyecto Rajo Inca. Tras incumplimientos y la terminación del contrato, la empresa inició un litigio que, tras ser desfavorable en la Corte de Apelaciones de Copiapó, llegó a la Corte Suprema. El 30 de junio de 2023, la Tercera Sala —presidida subrogantemente por Vivanco— acogió en tiempo récord y sin estar en la cuenta del día un recurso de protección de la empresa, revocando el fallo anterior y ordenando a Codelco la restitución de garantías y maquinarias. La investigación sostiene que ese mismo día, Vivanco habría recibido un pago de US$15.600 en la oficina de los abogados de la firma, Eduardo Lagos y Mario Vargas.
La trama se profundiza con la evidencia digital. Un informe policial ubica los teléfonos de los abogados Lagos y Vargas, el 8 de agosto de 2023, en el domicilio de Vivanco y su pareja, Gonzalo Migueles. Allí, según los antecedentes, se redactó y firmó digitalmente un recurso de reposición, fusionando de manera ilegítima la esfera privada con la función judicial. La trazabilidad financiera investigada por la Fiscalía sigue el dinero desde el pago de Codelco a Belaz-Movitec (incluyendo una transferencia de $4.415 millones), luego a la oficina de abogados Lagos Vargas & Silber, y finalmente, mediante un cheque girado a un testaferro, la conversión en dólares. Se sospecha que US$70.000 de esos fondos fueron entregados a Migueles el 18 de diciembre de 2023, dinero que la pareja habría utilizado para viajes a Buenos Aires y Brasil.
La audiencia de formalización, a cargo de la fiscal regional Carmen Gloria Wittwer, reveló la estructura de los sobornos: Vivanco y Migueles habrían recibido coimas por un total de $45 millones y US$29.600 a cambio de votos favorables en al menos tres recursos clave. Estos fallos beneficiaron económicamente al consorcio en más de $17.000 millones. La fiscalía detalló una «cercana amistad» preexistente entre la magistrada y los abogados, con frecuentes visitas sociales a su domicilio, que sentó las bases para la transgresión. Actualmente, Migueles, Lagos y Vargas se encuentran en prisión preventiva.
Este caso trasciende lo penal para convertirse en un síntoma de una crisis orgánica del Poder Judicial. La caída de tres ministros de la Corte Suprema en 14 meses —Vivanco, Sergio Muñoz (por el «caso Fundamenta») y Diego Simpertigue (también por la trama bielorrusa)—, sumada a la destitución de ministros de Cortes de Apelaciones, configura un escenario de desprestigio histórico. Como señaló el ministro de Seguridad, Luis Cordero, no existen registros de una situación similar, marcando un «golpe institucional muy severo». La nueva presidenta del máximo tribunal, Gloria Ana Chevesich, hereda así la titánica tarea de liderar la depuración y restauración de la confianza en una institución fundamental.
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