En América Latina proliferan los esquemas de cooperación e integración regional. Proliferan, entre otras razones, porque pocos de ellos cuentan con un respaldo constante en el tiempo, por falta de compromiso de los países miembros, o porque no responden a verdaderas políticas de Estado en cada uno de sus integrantes. Con frecuencia, los tumbos que se suelen ir dando en política interna suelen incidir significativa y desafortunadamente en materia de política exterior, con la consecuencia de que nunca terminemos de ponernos de acuerdo sobre los términos de esa cooperación/integración regional que, al menos sobre el papel, jamás cesamos de alabar y buscar.

Desde las tentativas de mayor alcance e institucionalización —como la Organización de Estados Americanos (OEA), la Comunidad Andina de Naciones (CAN) o el Mercosur—, hasta intentos relativamente informales o francamente opacos —como el G3, Petrocaribe o la Alianza Bolivariana para las Américas (ALBA)—, pasando por tentativas intermedias entre ambos extremos —como por ejemplo UNASUR o la Alianza del Pacífico—, la cantidad de iniciativas realmente sorprende por su número y variedad. En una región en la que el pasado esencialmente común y la presencia de una gran lengua vehicular como el español debería facilitar las cosas, la inestabilidad interna de la mayoría de los países y la dificultad para trazar un horizonte común de progreso parecen constituirse como obstáculos difícilmente salvables.

En medio de un río tan revuelto, no extraña que cada pescador procure sacar alguna ganancia con propuestas que serían inviables en situaciones de mayor claridad política. Tal es el caso de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), creada en 2010 con el propósito netamente político de generar un espacio equivalente y contrario al que ya representaba la OEA. La diferencia quedó clara desde un principio: en vez de ser la dictadura castrista el caso atípico y discordante, los  países excluidos serían Estados Unidos y Canadá. Para ese momento, la mayor parte de los gobiernos regionales estaban en manos de sectores históricamente afines al castrismo, o bien disfrutaban de combustibles subsidiados por la Venezuela de Hugo Chávez en un contexto de altos precios de las materias primas.

No por casualidad la CELAC fue propulsada desde el inicio por los gobiernos de Caracas y La Paz, sin que pasara desapercibida la dirección estratégica que detrás de ellos ejercía el régimen cubano. Con semejante núcleo fundacional, resulta evidente que el propósito de esta organización ha sido el de amparar las derivas autoritarias de sus fundadores ante los mecanismos de presión que, desde otros esquemas de cooperación/integración regional, sí se contemplan para lidiar con quienes se apartan de la senda democrática. Tal es el caso, por ejemplo, del Mercosur, que cuenta desde 1998 con su Protocolo de Ushuaia, o de la propia OEA, que desde hace 20 años estableció un compromiso hemisférico con la democracia mediante la Carta Democrática Interamericana.

El sucedáneo adoptado por la CELAC en la cumbre de Caracas (diciembre de 2011), en cambio, se caracteriza por su ambigüedad. La idea de que el compromiso con la democracia en el seno de esta organización procura la “unidad en la diversidad” no es más que un eufemismo para decirnos que la democracia de países como Uruguay o Costa Rica es perfectamente equivalente al régimen castrista. Lamentablemente, en el contexto de la deriva autoritaria —el democratic backsliding al que tantos politólogos dedican una gran cantidad de papers en estos momentos— que hoy en día viene experimentando el planeta en su conjunto, este tipo de ambigüedades no dejan de ofrecer ventajas para diversos autócratas, así como también para los aspirantes a tales.

De ahí que el presidente Andrés Manuel López Obrador haya convertido a Miguel Díaz Canel en verdadero protagonista de la cumbre recientemente celebrada en México, como si desde el pasado 11 de julio no estén siendo duramente reprimidas las mayores manifestaciones populares en 60 años. De ahí también que el muy cuestionado Nicolás Maduro se haya atrevido a asistir a la cumbre de México, superando los justificados recelos que le acompañan durante los últimos años, y que la reunión se haya cerrado además con una Declaración que, junto a un acuerdo en materia de vacunas, no podía dejar de rechazar el “bloqueo” de Estados Unidos a Cuba. Presidentes de distinta orientación ideológica de países chicos como Ecuador o Uruguay —que en razón de sus dimensiones difícilmente suelen darse el lujo de ir contra las grandes tendencias regionales— también asistieron a la cumbre, si bien dejaron constancia de su posición crítica ante la participación de Díaz Canel y Maduro.

El balance final de esta reunión, en todo caso, es preocupante. Tras 5 años sin tener lugar una reunión de la CELAC, y a pesar de la significativa ausencia de varios mandatarios regionales, el presidente de una nación tan relevante como México oficia una ceremonia que a todas luces representa una oportunidad diplomática para lavarle la cara a los dictadores de la región, no sin protagonizar él mismo una deriva inquietante dentro de su propio país. El mismo país que, por cierto, acoge los actuales diálogos entre Maduro y una muy disminuida oposición venezolana, en medio de la —por ahora— segunda mayor crisis de refugiados del planeta. No es necesario atar demasiados cabos para percibir que, en el caso de que las tendencias nuevamente en boga terminen de asentarse, América Latina se enfila otra vez hacia un nuevo ciclo de tolerancia y complicidad con las peores dictaduras de la región.

/Escrito para El Líbero por Miguel Ángel Martínez Meucci, Académico, Estudios Políticos Universidad Austral de Chile