Tras el terremoto que significó en la Policía de Investigaciones (PDI) la renuncia del director general, Sergio Muñoz, en el gobierno buscan quién encabezará la institución durante los próximos seis años.
La tarea no es fácil para el Ejecutivo, y por lo mismo no solo el Ministerio del Interior está analizando los antecedentes de las primeras ocho antigüedades que pueden optar al cargo, el equipo de Presidencia también está haciendo la “prueba de blancura” de los candidatos.
Para el gobierno es de total importancia despejar quién comandará la institución, pues los últimos dos directores no salieron bien: Sergio Muñoz renunció a dos años y medio de asumir luego de que la Fiscalía pidiera formalizarlo por filtrar antecedentes reservados a Luis Hermosilla, pero antes, en 2021, su antecesor, Héctor Espinosa (2015-2021), tampoco salió bien.
Aunque Espinosa terminó su periodo, en los meses finales su jefatura se vio ensombrecida por la investigación que abrió la Fiscalía en su contra por el delito de malversación de caudales públicos, a través los gastos reservados de la PDI.
Por lo mismo es tan importante para el gobierno despejar cualquier atisbo de irregularidad que cargue el nuevo director general, pues comandará la institución por los próximos seis años.
Y es en esa búsqueda que aparecen tres nombres que más generan consenso en La Moneda: Claudio González, jefe de la Inspectoría General y actual director general (S) de la PDI; Lautaro Arias, subdirector de Investigación Policial y Criminalística, y Paulo Contreras, jefe nacional Antinarcóticos y Contra el Crimen Organizado.
En la interna de la PDI comentan que las tres opciones son buenas, dada la experticia operativa de cada uno, donde calza con la política enfocada en la persecución en el crimen organizado que busca el gobierno. En el caso de Contreras, es que el más se acerca a esta pretensión, pues participa constantemente en reuniones de trabajo con el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve.
¿Y una mujer? Es imposible en este proceso de selección. La única detective que aparece cerca del alto mando es la prefecta inspectora Consuelo Peña, pero está en la ubicación 9 de la lista, lo que no le permite estar dentro de las ocho antigüedades que exige la norma.
La norma
De acuerdo con la Ley Orgánica Constitucional que rige a la Policía de Investigaciones (PDI), quien ostente el cargo de director general deberá ejercer la dirección y administración de la institución.
En el artículo 9° del decreto de ley 2.460, “dicho cargo será de la exclusiva confianza del Presidente de la República para todos los efectos legales y será designado por este de entre los ocho oficiales policiales de mayor antigüedad, con grado de Prefecto General o Prefecto Inspector. La persona que sea designada en el cargo de Director General deberá presentar una declaración jurada de patrimonio ante un notario de su domicilio, dentro del plazo de treinta días desde que hubiera asumido el cargo y dentro de los treinta días siguientes a la fecha de cesación en el mismo”.
Además, agrega que “el Director General solo podrá desempeñar el cargo por un plazo máximo de seis años consecutivos”.
Tanto para la institución como para el gobierno tener un jefe policial en el corto plazo es urgente, dado el contexto de violencia que se ha presentado durante los últimos años. Es allí donde la PDI cumple un rol fundamental en, principalmente, en la indagatoria de las bandas criminales.
Por ejemplo, la policía tiene a su cargo investigaciones de gran relevancia, como la del secuestro y homicidio del teniente (R) Ronald Ojeda; o la que busca desbaratar al “Tren de Aragua”.
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