El expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle lanzó duras críticas contra la política migratoria chilena de la última década, la cual —según su diagnóstico— ha permitido el ingreso de más de dos millones de extranjeros, generando un impacto estructural en la demografía y en la seguridad del país. Sus declaraciones se enmarcaron en su intervención durante la cuarta edición del Día del Comercio Global, seminario organizado por la Fundación Compañía Sudamericana de Vapores, donde abordó temas de economía, geopolítica, seguridad y migración desde una perspectiva de inserción internacional.
En su exposición, titulada “Cómo enfrenta una economía pequeña el nuevo escenario mundial”, Frei afirmó que Chile atraviesa una “crisis migratoria” que ha modificado la composición social del país, señalando que cerca del 10% de la población actual es migrante. A su juicio, las políticas de los últimos años han carecido de planificación y control, lo que habría permitido la entrada de personas vinculadas al crimen organizado transnacional. En un tono irónico, el exmandatario sostuvo que “han llegado todos los trenes, menos el tren de carga que necesita el país para mover sus materias primas”, en alusión al Tren de Aragua y a las facciones criminales que operan bajo su estructura.
El exjefe de Estado, quien en sus últimas intervenciones públicas ha cuestionado con fuerza la gestión del actual Gobierno —particularmente en materias de permisología e infraestructura—, profundizó así una línea de discurso más crítica y de corte estructuralista, que vincula la seguridad pública con el deterioro de la capacidad institucional. Su diagnóstico fue respaldado por el exdirector del Servicio Nacional de Migraciones, Álvaro Bellolio, quien calificó como “inaceptable” la pasividad con que, a su juicio, la administración vigente ha enfrentado el avance del crimen organizado.
En el ámbito político, las reacciones no se hicieron esperar. En la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, varios legisladores recogieron —con matices— la preocupación expresada por Frei. El diputado Stephan Schubert (Partido Republicano) coincidió en la necesidad de endurecer las medidas de control fronterizo y expulsar a quienes ingresen irregularmente al país. En contraste, su par del Partido Ecologista Verde, Félix González, llamó al exmandatario a “evitar frases grandilocuentes” y a sumarse a las iniciativas que buscan levantar el secreto bancario como herramienta efectiva contra las redes delictivas internacionales.
Más allá de las divergencias políticas, las cifras oficiales entregadas por el propio Ejecutivo muestran la magnitud del fenómeno: en 2024 se registraron 29.269 ingresos irregulares, una cifra inferior a los 44.235 de 2023, los 53.875 de 2022 y los 56.586 de 2021. Aunque los números reflejan una disminución, el debate sobre la gestión migratoria sigue centrado no solo en la cantidad, sino en la calidad de la respuesta estatal, el control territorial y la coherencia entre las políticas de seguridad y de derechos humanos.
En ese sentido, las palabras de Frei trascienden la coyuntura inmediata: reabren la discusión sobre el modelo de gobernanza migratoria en Chile y su articulación con los desafíos regionales de seguridad y desarrollo, un debate que hoy parece más urgente que nunca.
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