El anuncio del Presidente Gabriel Boric, confirmando que el emblemático penal de Punta Peuco perderá su estatus de recinto especial para convertirse en una cárcel común bajo la denominación «Centro de Cumplimiento Penitenciario Tiltil», trasciende una mera readecuación administrativa. Esta determinación, validada por la toma de razón de la Contraloría General de la República, ha activado un inmediato y previsible conflicto multidimensional, situándose en la intersección de la política penitenciaria, la justicia territorial y la estrategia electoral a solo días de las presidenciales.
La Reacción Comunitaria: El Grito de Tiltil contra el «Sacrificio Ambiental»
La respuesta del alcalde de Tiltil, César Mena (IND-Republicano), fue rápida y contundente, encapsulando el histórico malestar de una comuna que se percibe como la «zona de sacrificio» de la Región Metropolitana. En sus declaraciones a Emol, el jefe comunal articuló un discurso que combina la queja administrativa con el reclamo por derechos fundamentales:
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Falta de Diálogo y Mitigación: Mena enfatizó la sorpresa y la falta de consulta, señalando una ausencia de mecanismos de mitigación para los vecinos. Este punto refleja una falla estructural en la gobernanza de proyectos de alto impacto social.
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Percepción de Inseguridad y Deterioro: Argumentó que la medida «deteriora toda la calidad de vida del sector» y que se «van a llenar de delincuencia», un temor que, aunque difícil de cuantificar preemptivamente, representa una carga psicosocial real para la comunidad.
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Estrategia Jurídica: Anunció la presentación de un recurso de amparo ante la Corte Suprema y evalúa acudir al Tribunal Constitucional, fundamentando la acción en que el gobierno «está pasando a llevar los derechos humanos» de los habitantes al «quitarles libertades». Esta judicialización del conflicto es un paso esperado que eleva la disputa a la máxima instancia legal.
La narrativa del alcalde Mena se enmarca en un reclamo de justicia territorial más amplio: «Nosotros somos una comuna que nos han tratado mal toda la vida y no pueden seguir lanzándonos todo lo que Santiago no quiere», citando el recibimiento de basura y lodos de Aguas Andinas. Este argumento posiciona a Tiltil como víctima de una inequidad socio-espacial crónica.
La Dimensión Político-Electoral: ¿Una Jugada en Vísperas de las Elecciones?
El anuncio no puede desvincularse del tenso clima electoral. El alcalde Mena no dudó en señalar una motivación política directa, afirmando que la medida es «un sesgo político que le está haciendo un guiño un poco a la candidata Jeannette Jara, a ver si aumenta en las encuestas».
Esta acusación introduce varias capas de análisis:
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Simbología Penitenciaria: Punta Peuco no es una cárcel cualquiera. Su conversión en un penal común cierra un capítulo de la transición chilena, eliminando un régimen especial asociado a condenados por crímenes de lesa humanidad y delitos de alta connotación. Para el electorado progresista, esto puede leerse como un avance en igualdad ante la ley.
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Estrategia de Campaña: Para la candidata oficialista Jeannette Jara, quien busca ampliar su base hacia el centro distanciándose tácticamente del Gobierno en temas específicos, un anuncio de esta naturaleza sobre seguridad y justicia podría servir para reforzar su perfil de firmeza, sin generar una ruptura con su coalición.
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Timing y Controversia: La proximidad a la elección maximiza el impacto mediático, pero también expone la medida a críticas sobre su oportunidad y motivación, utilizándola como carnada para movilizar a sectores específicos del electorado.
Conclusión: Una Medida de Alto Calado Estratégico
La decisión sobre Punta Peuco es mucho más que un cambio de nombre o de administración penitenciaria. Es un acto cargado de un potente simbolismo histórico y una inmediata resonancia política. Por un lado, responde a un principio de normalización carcelaria largamente demandado por sectores políticos. Por otro, reactiva el conflicto latente con las comunidades locales que soportan de manera desproporcionada la carga de infraestructuras no deseadas, y lo hace en el momento de máxima sensibilidad política nacional.
El recurso judicial del alcalde Mena y la potencial movilización ciudadana aseguran que el futuro del «Centro de Cumplimiento Penitenciario Tiltil» seguirá en disputa, transformando una decisión de gobierno en un termómetro de la conflictividad socio-territorial y de los alineamientos en el tablero político chileno.
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