La Cámara de Diputados aprobó anoche la acusación constitucional contra el exministro de Energía, Diego Pardow, en una votación que evidenció no solo el peso político del caso, sino también la magnitud de las tensiones internas en el oficialismo. Con 80 votos a favor, 39 en contra y 16 abstenciones, el libelo avanzará ahora al Senado, donde el gobierno enfrentará un nuevo test de cohesión y de defensa de su gestión.
La acusación se sustenta en la supuesta infracción al deber de probidad administrativa, luego del error en el cálculo de tarifas eléctricas que implicó un cargo adicional de US$ 115 millones para los hogares. Se trata de un episodio que ha erosionado la credibilidad del Ejecutivo en un área altamente sensible para la ciudadanía y que ha expuesto fisuras dentro del bloque oficialista. El propio Presidente Gabriel Boric reconoció, tras la presentación del libelo, que la oposición “está en su derecho”, en un intento por descomprimir la tensión política sin impedir que se manifestaran cuestionamientos transversales.
Más allá del hecho jurídico, el caso golpea directamente al círculo más íntimo del mandatario. Pardow no solo fue ministro, sino también uno de los colaboradores más cercanos a Boric desde los tiempos universitarios y coordinador programático de su campaña presidencial en 2021. Para diversos sectores del oficialismo, su salida y posterior acusación han pasado a simbolizar los problemas de gestión atribuidos al gobierno, un flanco que la oposición ha sabido explotar y que sectores oficialistas han comenzado a admitir, al menos tácitamente.
Un oficialismo dividido y la señal política de las abstenciones
El Socialismo Democrático ya había anticipado que evaluaría el mérito de la acusación, y así lo hizo. Parte de sus diputados votó a favor; otros optaron por abstenerse, un gesto que en política parlamentaria suele equivaler a un repliegue crítico. Esa decisión fue interpretada como un golpe directo a La Moneda, especialmente porque provenía de un socio clave en la coalición.
Entre quienes apoyaron la acusación destacan Jaime Araya (ind-PPD), Jaime Mulet (FRVS), Tomás Hirsch (Acción Humanista) y Mónica Arce (DC-Ind.). En el bloque abstencionista se ubicaron figuras oficialistas como Daniel Manouchehri (PS), Carolina Marzán (PPD), Marcos Ilabaca (PS), Camila Musante (PPD) y Raúl Soto (PPD). El voto favorable de Ana María Gazmuri (Acción Humanista), cercana al Frente Amplio, también llamó la atención por el simbolismo que implica respecto de las tensiones con el núcleo original del proyecto político de Boric.
El debate parlamentario: críticas de fondo y acusaciones por falta de transparencia
En el inicio de la sesión, Pardow optó por no invocar la cuestión previa, lo que permitió a la Cámara entrar de lleno al debate de fondo. Jaime Mulet, presidente de la comisión revisora, fue uno de los más duros: cuestionó que el exministro no hubiera ordenado revisar con “toda la prolijidad necesaria” los procesos de cálculo de los intereses y reajustes derivados del congelamiento tarifario.
Mulet añadió un elemento que incrementó la preocupación política: el actual biministro de Energía y Economía, Álvaro García, reveló que las tarifas vigentes contendrían otro error, esta vez vinculado a una sobrevalorización del capital de Transelec, lo que habría generado un sobrecobro cercano a US$ 100 millones.
Para Mauro González (RN), también miembro de la comisión revisora, Pardow habría omitido comunicar este error al Presidente, vulnerando “estándares de transparencia”. La diputada republicana Chiara Barchiesi fue más categórica: “No se trata de un error puntual ni de un descuido menor; es el reflejo de un gobierno marcado por la improvisación y la opacidad”. Incluso desde el oficialismo surgieron críticas, como las de Camila Musante (PPD), quien sostuvo que la crisis energética “no existiría si el exministro hubiese sido transparente”.
El flanco más sensible: un posible conflicto de interés
A las críticas por gestión se sumó un flanco ético. Mulet advirtió que Pardow habría actuado sin la debida transparencia respecto de un posible conflicto de interés, dado que su conviviente civil, Catalina Iñiguez, es socia del estudio jurídico FerradaNehme, firma que ha representado a Transelec en causas ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia y asesora a otras empresas del sector.
El abogado del exministro, Francisco Cox, cuestionó esta línea argumental al señalar que se estaba “metiendo a la familia en un hecho que no está en la acusación”. No obstante, para algunos parlamentarios como Joanna Pérez (Demócratas), el antecedente “agrega una sombra de dudas” sobre la independencia con que actuó la autoridad.
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