Una nueva acta de acusación del Departamento de Justicia de Estados Unidos, recientemente desclasificada, señala al exgobernante venezolano Nicolás Maduro como líder de un “gobierno corrupto e ilegítimo” sostenido por una amplia red de narcotráfico internacional que habría facilitado el envío de miles de toneladas de cocaína a territorio estadounidense.
La detención de Maduro y de su esposa, Cilia Flores, se produjo en una operación militar sorpresiva durante la madrugada del sábado en Venezuela, lo que abre un complejo proceso judicial en Estados Unidos. Los fiscales federales se preparan ahora para intentar asegurar una condena en un tribunal federal de Manhattan, donde el exmandatario deberá responder por graves delitos.
La secretaria de Justicia de EE. UU., Pam Bondi, escribió en la red social X que Maduro y Flores “pronto enfrentarán toda la fuerza de la justicia estadounidense en suelo estadounidense y en tribunales estadounidenses”.
Los cargos contra Maduro y su entorno
Según la acusación, Maduro está imputado junto a su esposa, su hijo y otras tres personas. En total, enfrenta cuatro cargos federales:
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Conspiración de narcoterrorismo
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Conspiración para la importación de cocaína a Estados Unidos
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Posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos
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Conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos
Estos cargos repiten en esencia los presentados en 2020, durante la primera presidencia de Donald Trump, también en el Distrito Sur de Nueva York. Sin embargo, la nueva acusación añade formalmente a Cilia Flores y fue presentada bajo sello poco antes de Navidad, siendo desclasificada este sábado.
Traslado y primera comparecencia judicial
Maduro debe comparecer por primera vez este lunes ante el tribunal federal de Manhattan. Un video difundido en redes sociales por una cuenta vinculada a la Casa Blanca lo muestra sonriendo mientras agentes federales lo escoltan, bajo custodia de la Administración para el Control de Drogas (DEA), ya en Nueva York.
Las autoridades prevén que permanezca detenido en una cárcel federal de Brooklyn mientras avanza el proceso judicial.
Alianzas con cárteles y redes criminales
Estados Unidos acusa a Maduro de asociarse con “algunos de los narcotraficantes y narcoterroristas más violentos y prolíficos del mundo”. De acuerdo con la acusación, organizaciones criminales como el cártel de Sinaloa y la pandilla Tren de Aragua habrían trabajado directamente con el gobierno venezolano, enviando luego ganancias ilícitas a altos funcionarios que los protegían.
El documento judicial sostiene que Maduro permitió que la corrupción alimentada por el narcotráfico floreciera para beneficio propio, de miembros de su régimen y de su familia.
Rutas de tráfico y volumen de drogas
Las autoridades estadounidenses alegan que Maduro y su entorno ofrecieron cobertura policial y apoyo logístico a estas redes criminales. Como resultado, hasta 250 toneladas de cocaína al año habrían sido traficadas a través de Venezuela para 2020.
Según la acusación, la droga se transportaba mediante lanchas rápidas, barcos pesqueros, buques portacontenedores y avionetas que despegaban desde pistas clandestinas.
“Este ciclo de corrupción basada en narcóticos llena los bolsillos de funcionarios venezolanos y sus familias, mientras beneficia a narcoterroristas violentos que operan con impunidad en suelo venezolano”, señala el texto de la acusación.
Violencia, sobornos y antecedentes familiares
Washington también acusa a Maduro y a su esposa de ordenar secuestros, golpizas y asesinatos contra personas que debían dinero del narcotráfico o interferían con la operación, incluido el asesinato de un jefe local de drogas en Caracas.
En el caso de Cilia Flores, la acusación sostiene que aceptó cientos de miles de dólares en sobornos en 2007 para facilitar una reunión entre un importante narcotraficante y el director de la Oficina Nacional Antidrogas de Venezuela. El acuerdo incluía pagos mensuales y alrededor de 100.000 dólares por cada vuelo cargado de cocaína, parte de los cuales habrían llegado a Flores.
Además, dos sobrinos de Flores fueron grabados en 2015 acordando envíos de cocaína de cientos de kilogramos desde un hangar presidencial. Ambos fueron condenados en 2017 a 18 años de prisión, aunque fueron liberados en 2022 en un intercambio de prisioneros.
Operación a pedido del Departamento de Justicia
Durante una conferencia de prensa, el secretario de Estado, Marco Rubio, y Dan Caine, presidente del Estado Mayor Conjunto, confirmaron que la operación militar que culminó con la captura de Maduro y su esposa se realizó a solicitud directa del Departamento de Justicia.
Rubio explicó que se trató principalmente de una acción de aplicación de la ley, en la que el Departamento de Defensa brindó apoyo logístico. También recordó que Maduro era un fugitivo de la justicia estadounidense, con una recompensa de 50 millones de dólares ofrecida por información que condujera a su captura.
El caso abre ahora una de las batallas judiciales más relevantes entre Estados Unidos y un exlíder latinoamericano acusado de narcotráfico a gran escala.
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