Tras casi seis meses de investigación, el fiscal jefe de Antofagasta, Cristian Aguilar, decidió separar aguas en la causa referente a los convenios suscritos entre fundaciones y entidades estatales, y que estalló con el escándalo de los millonarios tratos suscritos por la Seremi de Vivienda de Antofagasta y Democracia Viva, ONG liderada por el exRD Daniel Andrade.
Es que bajo su investigación se pesquisaban eventuales delitos que tenían en la mira a una serie de fundaciones, y ahora, como informó en un escrito enviado al Juzgado de Garantía de Antofagasta -al cual accedió La Tercera-, decidió separar las indagaciones y precisó las infracciones que se persiguen.
De esta forma, eso sí, el persecutor no sólo comunicó que la arista referente a Democracia Viva sigue un carril diferenciado al de, por ejemplo, Fundación TomArte, sino que también develó que investiga el presunto delito de omisión de denuncia en el que habrían incurrido autoridades del Ministerio de Vivienda.
En ese sentido, Aguilar acotó: “Vengo en comunicar al tribunal separación de investigaciones en la forma que se indica (…) Se proseguirá la investigación por el delito de omisión de denuncia del artículo 175, por convenios entre Minvu Antofagasta y Democracia Viva.
Bajo esta arista, entonces, el persecutor busca dilucidar si hubo funcionarios públicos que conocieron de irregularidades e incumplieron el mandato legal que tienen de denunciar ante las policías o el Ministerio Público.
Las aristas de Antofagasta
Junto con lo referente al caso puntual de Democracia Viva -donde se investiga fraude al fisco, cohecho, tráfico de influencias, negociación incompatible, malversación de caudales públicos- y a la arista por omisión de denuncia de funcionarios de la cartera encabezada por Carlos Montes (PS), el fiscal Aguilar también decidió llevar por separado lo relacionado con los convenios firmados entre ProCultura.
En el caso de dicha fundación, se definieron dos hebras investigativas. Por un lado se indagarán los delitos de fraude al fisco, tráfico de influencias, negociación incompatible y malversación de caudales públicos, vinculados a la Seremi de Vivienda de Antofagasta, y por otro el relativo a convenios con el Gobierno Regional de Antofagasta. Ahí, además de los citados delitos, también se examinará el eventual ilícitos de apropiación indebida.
Aparte, como fijó el persecutor, se investigará a las demás fundaciones que firmaron convenios con el Minvu de Antofagasta, como TomArte, Fibra, Urbanismo Social y otras. Se indaga, como se mencionó anteriormente, delitos de fraude al fisco, tráfico de influencias, negociación incompatible, malversación de caudales públicos.
También por separado, el fiscal Aguilar decidió seguir investigando hechos denunciados por el mismo Ministerio de Vivienda en un oficio remitido el 29 de junio, y en puntos apartes, además, los delitos relativos al caso de Urbanismo Social con la Seremi de Vivienda del Maule y con el Gobierno Regional.
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