En un movimiento estratégico durante su discurso en la 80ª Asamblea General de la ONU, el Presidente Gabriel Boric formalizó la postulación de la exmandataria Michelle Bachelet como candidata a Secretaria General del organismo. El anuncio, realizado con Bachelet presente en la delegación chilena, no solo buscó impacto internacional sino que desató de inmediato un debate doméstico sobre la naturaleza de las políticas de Estado.
La visión oficialista: Unidad nacional y proyección global
El bloque oficialista celebró la nominación como un hecho histórico y unificador. La senadora Paulina Vodanovic (PS) lo calificó como un «orgullo para nuestro país», resaltando la trayectoria de Bachelet y su «visión internacional, de diálogo y apoyo irrestricto a las democracias». Desde la misma sede de la ONU, el senador Ricardo Lagos Weber (PPD) argumentó que Bachelet «sabe cómo opera el sistema» y que, de estar disponible, «tendría un gran apoyo internacional».
La visión del oficialismo se centra en el simbolismo y la capacidad de diálogo que representa la candidatura. El diputado Gonzalo Winter (FA) la definió como «una señal de lo que Chile quiere proyectar al mundo», mientras que la diputada Ana María Gazmuri (Acción Humanista) la catalogó de «noticia histórica», subrayando la «autoridad moral y el liderazgo necesario» de la ex Presidenta.
La objeción de la oposición: Un debate sobre oportunidad y procedimiento
La reacción opositora no cuestionó las credenciales de Bachelet, sino la oportunidad y la legitimidad del anuncio. El foco del debate se centró en si se trataba de una «política de Estado» o un gesto de «política de gobierno».
El presidente de la UDI, diputado Guillermo Ramírez, acusó a Boric de «adelantarse a una discusión que no tiene ningún sentido», argumentando que «le va a tocar verlo al próximo gobierno». En la misma línea, el diputado Diego Schalper (RN) consideró «totalmente inoportuno» que Boric comprometa «una definición que le corresponde al gobierno que sigue».
La diputada Yovana Ahumada (PSC) introdujo un elemento de contenido, exigiendo que Bachelet se pronuncie sobre «la inmigración ilegal y su vinculación a la proliferación del crimen organizado», temas sobre los cuales, afirmó, «ha guardado un silencio sepulcral».
Conclusión: Una candidatura que expone la fractura política doméstica
La postulación de Bachelet se erige así como un caso de estudio inmediato. Por un lado, el gobierno proyecta una imagen de unidad y prestigio internacional, enmarcando la candidatura como un logro país. Por el otro, la oposición desafía la narrativa, no atacando a la persona sino al procedimiento, lo que refleja la profunda división política chilena. El éxito de esta jugada dependerá no solo del respaldo internacional que logre Bachelet, sino de la capacidad del gobierno de manejar la controversia interna y construir los consensos que, según la oposición, hoy faltan.
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